Una empresa ligada al «caso Invercaria», en el punto de mira de la Junta

El actual Gobierno andaluz carga con el peso de tener que remover obstáculos para intentar recuperar dinero público que se ha perdido por agujeros que han acabados convertidos en «macrocausas» judiciales como la ovillada en torno a expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares, o la que se hila sobre la gestión de la empresa pública del Ejecutivo autonómico etiquetada como Invercaria. Una de las sociedades que acabó vinculada a ese último «macroproceso», la malagueña Novasoft Corporación Empresarial S L, apareció ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Lo hizo en un anuncio de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo con el que se intentaba enderezar el camino que se había torcido conducente a notificar a la mencionada entidad el «acuerdo de inicio de reintegro» de un «expediente de subvención» fechado el ejercicio 2009. En el texto publicado en el BOJA se explica que se ha llegado a ese punto después de haber realizado dos tentativas de notificación de la decisión: el primero de ellos efectuado a la propia mercantil, y el segundo al Administrador concursal, dado que un juzgado acabó declarando al grupo empresarial en concurso de acreedores a finales de 2013.

Desde la Junta exponen además la normativa jurídica aplicable en la que respaldan su movimiento. Se trata de la «Orden de 23 de octubre de 2009», por la que se desarrolló «el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre» que reguló la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y estableció las bases para la concesión de subvenciones y otros procedimientos. Y la dirección general suma a ésta, la «Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones». El anuncio prueba de alguna forma que existe un cierto aparato puesto al servicio de revisar lo hecho. Un proceso que puede alcanzar expedientes que como el ligado a Novasoft acaben en el arranque de exigir dinero que salió de las arcas públicas andaluzas.