Los abogados de Sevilla se ausentan de las guardias y reclaman medidas sanitarias y económicas

Aunque el gran porcentaje de los puestos laborales estén ejerciéndose a través del teletrabajo, ocupaciones como los cuerpos de seguridad del Estado, los empleados públicos o los dependientes de supermercado trabajan implementando medidas laborales sanitarias en base a la ley de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, entre los colectivos que dicen encontrarse “aislados” en materia de protección ante el COVID-19 se encuentra el sector de la abogacía. En él, muchos letrados se encargan de cubrir las guardias en las que se proporciona a aquellas personas detenidas la posibilidad de contar de un abogado de oficio.

Desde el colectivo de Letrados de Dos Hermanas, suscrito al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), remitieron este lunes a esta entidad, a la Mutualidad de la abogacía y a distintas mutualidades escritos en los que exigen medidas de protección ante la emergencia sanitaria ya que en las dependencias judiciales durante las guardias aseguran estar expuestos a situaciones en las que corren riesgo de contagio por lo que piden “mascarillas, guantes desechables e hidro-alcohol o hidrogel desinfectante, así como asegurar que las salas de letrados se encuentran desinfectadas, coordinándose con los jueces decanos de cada zona o partido judicial y las Comisarías de Policía Nacional y Oficinas de la Guardia Civil”.

Miembros de este colectivo, explican en una entrevista con LA RAZÓN que el Colegio de Abogados “no ampara” las peticiones presentadas y dicen que ante la falta de medidas que se están adoptando por parte de la entidad “nos hemos negado a hacer guardias” hasta que no se establezcan las medidas en los Juzgados y Comisarías de la provincia. Los letrados aseguran que no es un caso aislado y dicen tener constancia de que colectivos de abogados como el de Carmona o el de Lora del Río, entre otros, también se encuentran exentos de medidas. El coordinador del partido judicial de Dos Hermanas, Álvaro Castillo entiende que si no se les proporcionan los suministros de protección suficientes “será porque no lo tienen” e insiste en que el ICAS reclame estos servicios a “la consejería de Salud, al ministerio o a quien corresponda”.

Ante el caso de Málaga, donde los órganos judiciales habían decidido cesar la actividad hasta encontrar la seguridad pertinente en los juzgados, -cuya actividad se restableció esta mañana-, desde los colectivos sevillanos aseguran que no quieren dejar de trabajar pero ante la situación “no hay otra opción”. Según el colectivo sevillano hoy ha sido el primer día en el que han dejado de cubrir las guardias y de los cuatro detenidos registrados a principios de esta mañana ninguno ha sido asistido jurídicamente.

El coordinador, que se encarga de gestionar las incidencias y organización entre los colectivos y el ICAS, destaca las “carencias” que sufre el partido y denuncia que las prestaciones que tienen que pagar al Colegio de Abogados de Sevilla, la mutualidad y muchos a la seguridad social por ser autónomos “si no pueden salir a trabajar” no tienen cómo hacerlo. En este sentido, el colectivo en los mismos escritos solicita que se “exima a todos los colegiados del pago de la cuota colegial correspondiente mientras duren las restricciones” y del “pago de las cuotas de mutualidad o de la Seguridad Social” además de reclamar la devolución “inmediata” del pago del cuarto trimestre de 2019 y el adelanto de la primer pago de 2020 debido a no poder hacer frente a la situación por el “grave quebranto en nuestros ingresos”. Afirman que desde los colectivos de abogados están “intentando ser incluidos” en el Real Decreto-ley 8/2020 sobre las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 aprobadas ayer, del cual, según miembros del colectivo, se encuentran “excluidos” los trabajadores de este gremio.

Según Castillo, si no se presentan los abogados sevillanos a cubrir las guardias en los juzgados o comisarías, desde el decanato judicial los sustituirían con abogados de otros territorios lo que supondría “un serio problema porque en vez de solucionar la situación lo que harían sería agravarla”.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Sevilla ha publicado esta mañana un protocolo de actuación en guardias mientras dure el estado de alarma en el que apuntan varias recomendaciones enfocadas a los profesionales jurídicos para hacer frente a la situación. En este protocolo se contemplan medidas como la cesión de guardia, la posibilidad de negar la prestación de asistencia jurídica en el caso de que “no se reúnan las condiciones higiénico-sanitarias” dejando “a criterio del letrado/a la opción de negarse”, la exigencia de medidas mínimas de seguridad de al menos 1,5 metros y que se proporcionen mascarillas, guantes y la posibilidad de realizar la asistencia jurídica por vía telefonía. Sobre las medidas telemáticas que proponen desde la Abogacía sevillana, Castillo entiende que “aún no saben cómo se llevaría a cabo la puesta en práctica de estas alternativas”.