«Cuando llamo a la puerta de un usuario, puedo estar llevándole el Covid-19 al salón»

Atiende a LA RAZÓN como si una verde lengua enferma le hubiera pasado por encima y entre toses ásperas. Está asustada. Y. F. trabaja en un servicio de ayuda a domicilio en Almería capital. Se sintió mal este martes y ayer intentó que le hicieran la prueba que detecta al coronavirus, pero no lo logró. «Me han dicho que tengo síntomas, pero que son leves y que sólo se la hacen a los pacientes graves, que me tome un tratamiento y me quede en casa», susurra. Y enlaza un lamento: «Dicen que me dé de baja, pero no puedo». De momento ayer, ya le habían exigido «el justificante» de su visita médica y rumiaba que lo demás será inevitable, con independencia de su situación económica. Cree que se encuentra en ese estado porque a las cuidadoras de su sector, las empresas no «les han dado nada», ni los elementos de protección contra el coronavirus que han reclamado durante días ni unos «servicios mínimos». «Ni una cosa ni otra, hasta que hemos llegado donde hemos llegado», repite cual pájaro carpintero.

R. M., en Córdoba, no está enfermo por ahora, pero avisa: «Cuando llamo a la puerta de un usuario, puedo estar llevándoles el Covid-19 al salón».

I. P. despliega su conocimientos desde hace años en Sevilla. Es delegada sindical y, tal vez por eso, está en medio del charco que forma el goteo de compañeras que aparecen «llorando y diciendo que tienen hijos o padres a su cargo». «No es que haya miedo, hay psicosis», condensa. Explica que en estos momentos en su colectivo «socio sanitario», recalca, hay «un desorden tremendo». Advierte a las administraciones de que «no son conscientes del riesgo potencial» que suponen. No se han «negado a ir a los servicios» porque saben que hacen «una labor social grande». «A la gran mayoría nos gusta nuestro trabajo», engarza, «pero queremos hacerlo bien, por aquéllos a quienes atendemos –en muchos casos personas mayores con patologías que pueden ponérselo fácil al Covid-19– y por nosotras». Están usando, relata, la misma «bata de tela para todos los usuarios» a los que ayudan desde a hacer la compra hasta a asearse, y dos guantes superpuestos. Hasta ahí.

Reclaman mascarillas y equipos de escudo individual, los llamados EPI, y recuerdan que, «según la Ley de Protección de Riesgos Laborales, son las empresas» las que tienen que proporcionárselos. Si no pueden, piden que se «limiten sus servicios».

R. M. insiste en poner el foco en que trabajan con «gente que, a menudo era vulnerable antes de que hubiéramos oído hablar del coronavirus porque el que no tiene problemas de corazón, los tiene de riñón, de los pulmones... o de circulación». I. P. ironiza sobre que les trasladan recomendaciones como «separaros un metro». «Cómo lo hacemos en el caso de que haya que meterlos en la ducha e incluso vestirlos. Muchos tienen movilidad reducida», remarca. No quieren fugarse de su realidad, sólo que ésta se adapte a la pandemia que atraviesa el país.