Piden al Defensor del Pueblo Español que recurra el decreto para el fomento de la actividad productiva de la Junta

Cuestionan la puesta en escena, pero, sobre todo, el fondo. La Diputación Permanente del Parlamento andaluz aprobó el pasado 2 de abril, por vía de urgencia, el Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de la comunidad, que modifica 27 leyes y un reglamento, y las reacciones al mismo se suceden desde entonces. Ahora 80 organizaciones y 91 personas a título individual han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo Español al que le piden que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado decreto ley.

En la queja, presentada en concreto por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y consultada por LA RAZÓN, se advierte de que “la totalidad de las medidas contenidas” en la nueva norma se justifican, “en realidad y en contra de la genérica declaración inicial contenida en la exposición de motivos” de la misma, en “el trabajo realizado tanto por la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía como en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía desde hace más de un año”. O, dicho de otra forma, los colectivos que se han dirigido al Defensor creen que el Gobierno autonómico “ha aprovechado el Estado de alarma para justificar una batería de medidas en la que, como el mismo decreto reconoce, lleva trabajando desde hace más de un año y que nada tiene que ver con la crisis sanitaria” actual.

Hay consenso entre los promotores del escrito sobre la convicción de que son “inconstitucionales”, por estar “escasa o nulamente fundadas”, hasta quince modificaciones recogidas en el decreto ley de la Junta como la vinculada a “los procedimientos de intervención administrativa en los actos de edificación”, la del "artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía”; la introducida “por el artículo 11 que modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”; u otras ligadas al patrimonio histórico de la región o a “preceptos de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual” vigente en la comunidad.

Entienden, además, que varias de las medidas a las que se ha dado luz verde “no sólo resultan difíciles de justificar desde el punto de vista de la extraordinaria y urgente necesidad, sino que lesionan abiertamente el ámbito de protección del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, recogido en los artículos 45 Constitución española y 38.8 del Estatuto de Autonomía de Andalucía"; así como “el derecho a la protección de la salud”, al que alude “el artículo 43” de la carta magna y el “22” del estatuto.

Al escrito se han adherido organizaciones como Ecologistas en Acción, FACUA, Greenpeace, CGT, el Sindicato de Periodistas de Andalucía, “Fridays for Future”, la Coordinadora Andaluza de ONGD o el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social. Temen, entre otras cuestiones, que la norma que ha levantado polvareda “abra la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico” y al fomento de “la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos”.

Avisan al Defensor también de que se podrían invadir competencias del Ejecutivo central y defienden que, dada la cantidad y la importancia de lo que se trastoca, “se debería haber tramitado a través de un proyecto de ley y no mediante decreto ley”. Denuncian que, con la forma elegida, se evita “una fase de información pública para organizaciones interesadas e implicadas” y una hilera de “controles” o la “supervisión” de órganos como el Consejo Consultivo autonómico o el Consejo Económico y Social.

Por todo lo expuesto, y “dado que en otras ocasiones el Defensor del Pueblo ha impugnado normas autonómicas similares que han vulnerado el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, esperan que en esta ocasión estime su petición, al ser "la única vía de la que disponía la ciudadanía para impugnar un decreto que supone un retroceso de derechos prácticamente en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico de Andalucía”.