Andalucía

Satse urge a hacer test a los profesionales que han usado las mascarillas retiradas por el Gobierno

CSIF exige pruebas PCR a todos los sanitarios para detectar a los asintomáticos. El TSJA insta a la Junta a suministrar EPI a los médicos “a la mayor brevedad posible”

Una sanitaria en la puerta de Urgencias del Virgen Macarena de Sevilla
Una sanitaria en la puerta de Urgencias del Virgen Macarena de SevillaManuel Olmedo

El Sindicato de Enfermería Satse ha pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que realice test de forma urgente a todos los profesionales que hayan usado las mascarillas FFP2 del fabricante “Garry Galaxy”, que han sido retiradas por el Ministerio de Sanidad por no cumplir la normativa europea.

Según los datos de la Junta de Andalucía han sido 68.400 las mascarillas de este modelo remitidas por el Ministerio de Sanidad y distribuidas por los centros sanitarios de toda Andalucía.

Satse reclama que “por responsabilidad” se le hagan esos test a los profesionales que las hayan utilizado y que han estado expuestos a situaciones de riesgo en el manejo de pacientes.

Ha solicitado que los distritos sanitarios y hospitales en los que se habían distribuido localicen a los potenciales profesionales que hayan utilizado los equipos defectuosos para ponerlos en situación de aislamiento preventivo.

El sindicato ha asegurado que estará “vigilante” para controlar que a todos los profesionales sanitarios que hayan utilizado estas mascarillas retiradas se les realice el test y en caso contrario “se reserva su derecho a emprender cualquier tipo de acción”.

Por su parte, el sindicato CSIF ha reclamado que se realice un cribado de infección por Covid-19 a todos los profesionales de la sanidad para detectar a los que son asintomáticos y que no se reutilicen los EPI como se hace hasta el momento por escasez de medios.

En un comunicado, el sector de Sanidad de CSIF Granada ha solicitado a las direcciones gerencias de los hospitales y los distritos de Atención Primaria que se realicen pruebas PCR en vías respiratorias altas a todos los sanitarios, sin diferencia de categoría, para poder identificar a portadores asintomáticos del virus.

El sindicato ha pedido además que se les someta a una prueba con extracción de muestra sanguínea para determinar si tienen los anticuerpos del Covid-19.

La Central Sindical ha recordado que la transmisión del virus a partir de casos asintomáticos comienza uno o dos días antes del inicio de síntomas y que la carga viral detectada en un caso asintomático es similar a la del resto de casos.

Esta petición cobra aún más relevancia después de que el Ministerio de Sanidad haya ordenado la retirada inmediata de un lote de mascarillas FFP2 del fabricante "Garry Galaxy" que no reúne las condiciones de protección necesarias para los sanitarios ni cumple con la normativa europea.

Según las estimaciones del sindicato, en Andalucía se han distribuido al menos 68.400 mascarillas de este tipo entre sanitarios, por lo que CSIF ha exigido localizarlas, retirarlas y poner en cuarentena al personal que las haya utilizado.

CSIF Granada ha subrayado que la realización de pruebas a todo el personal del sistema sanitario público es una medida amparada en la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Por otra parte, también ha solicitado que los equipos de protección individual (EPI) sean facilitados, siempre que haya disponibilidad, a los trabajadores de manera suficiente y adecuada a la evaluación del riesgo.

En el caso de que se esté tomando la medida excepcional de reutilizarlos, ha exigido que se aporte documentación justificativa de la medida y que se detallen las especificaciones del fabricante de los equipos para saber si se pueden desinfectar, lavar o esterilizar y los riesgos que conllevarían esas acciones para la salud de los trabajadores.

Por su parte, como publicó ayer LA RAZÓN, El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha atendido parcialmente una reclamación del Sindicato Médico Andaluz (SMA) y ha requerido a la Junta de Andalucía que “a la mayor brevedad posible” suministre a los médicos equipos de protección (EPI) contra el coronavirus.En un auto dictado este 17 de abril, la Sala de lo Social del TSJA, con sede en Sevilla, estima “en parte” la demanda del SMA contra la Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a los que reclamaba que adoptase medidas cautelarísimas en 24 horas, e insta al Gobierno autonómico a que proporcione “batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores grandes de residuos” a los médicos a su servicio."Debemos rechazar que la entrega del material deba realizarse inmediatamente en 24 horas, plazo que quizá resultaría insuficiente, aunque sí resultaría exigible que se haga a la mayor brevedad posible", avisa el alto tribunal andaluz en su escrito, al que ha tenido acceso Efe.

El SMA recordaba en su reclamación que el 22 % de los contagiados en Andalucía pertenece al cuerpo sanitario, pero el TSJA admite la parte de la demanda que afecta a los médicos y desestima la que atañe al resto de profesionales, ya que niega al SMA “que tenga representatividad y legitimación activa respecto de la tutela de todo el personal sanitario en su conjunto”."Aunque comprendemos las buenas intenciones y apelaciones a la humanidad, solidaridad y empatía" del sindicato, el tribunal rechaza “la invocada representatividad y legitimación” del demandante respecto a “profesionales que no son médicos y por tanto no pueden estar afiliados a los sindicatos englobados en el SMA”.Respecto a la urgencia de las medidas solicitadas, el TSJA entiende que está “justificada” y recuerda que “de seguirse el trámite ordinario (...) se pondría en claro y serio peligro la vida e integridad personal” de los médicos.En un comunicado, el SMA ha recordado que “desde el comienzo de esta terrible pandemia” ha denunciado “la escasez de medios de protección con la que los profesionales de la salud tenían que enfrentarse a la asistencia de los pacientes”, en especial aquellos con sospecha o confirmación de tener el Covid-19.

“En muchos foros hemos dejado constancia de las penosas condiciones de trabajo y reclamado los medios necesarios para la autoprotección mientras veíamos crecer de forma alarmante el número de profesionales sanitarios que caían enfermos”, añade."Aun así, nadie ha dejado su puesto. Los facultativos hemos seguido luchando en primera línea contra esta pandemia sin desfallecer, y nadie podrá tener quejas de nuestro comportamiento", prosigue el sindicato, que insiste en que las condiciones de trabajo son “manifiestamente deficitarias”.El sindicato ha celebrado el auto del TSJA porque lo considera “un enorme éxito y un reconocimiento” de sus quejas.