La Diputación de Sevilla elaborará un protocolo de seguridad para la reincorporación de su personal

El 87% de los trabajadores del ámbito administrativo y ejecutivo trabaja en modo telemático, según ha destacado el presidente

El presidente de la Diputación de Sevilla es Fernando Rodríguez Villalobos
El presidente de la Diputación de Sevilla es Fernando Rodríguez Villalobos

La Diputación de Sevilla ha puesto en marcha el proceso para la elaboración de un protocolo en materia de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19, con vistas a la reincorporación del conjunto de los trabajadores públicos, una vez se dé por concluido el actual Estado de alarma originado por la crisis sanitaria. Hoy se ha reunido el Comité de Salud y Seguridad de la institución, un encuentro al que han acudido representantes del área del Empleado Público, junto a los delegados de Prevención y miembros de las diversas secciones sindicales con representación en la Corporación, con una premisa unánime: la reincorporación del personal debe realizarse con las máximas garantías de protección de las empleados, junto a la máxima eficacia en el desarrollo de los servicios públicos que la Diputación presta a los ayuntamientos y a la ciudadanía.

Los participantes han valorado muy positivamente la prestación no presencial de estos servicios mediante teletrabajo, una línea de actuación por la que el presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha apostado desde el principio de la situación de crisis.

“El presdiente ha destacado ya en sus intervenciones que el 87% del personal administrativo y ejecutivo está trabajando en modo telemático”, ha aseverado el diputado provincial de Empleado Público, Juan Manuel Heredia, para añadir que, "en un marco de incorporación progresiva y gradual del personal, la alternativa del teletrabajo se seguirá manteniendo y a ella se sumarán otras medidas que se acuerden y un inicio alternativo de la presencia física del personal’.

Todos las partes representadas en la reunión se han dado un margen de tiempo para incorporar al proceso propuestas, así como los avances normativos que puedan irse produciendo y han quedado emplazados a una próxima cita para la aprobación de dicho protocolo que, en cualquier caso, tendrá lugar antes de la finalización del estado de alarma frente al Covid-19.