Una de las concesionarias de la mina de Aznalcóllar pide el archivo de una causa que "no da más de sí”

Se hace camino al andar. El verso de Antonio Machado parece ser, para una de las empresas concesionarias de la mina sevillana de Aznalcóllar, el lema del resto de las partes implicadas en el caso en el que se analiza la adjudicación del yacimiento. Pero la senda ha de tener, a su entender, una meta. “A pesar de haber transcurrido casi cinco años de instrucción se vuelven a solicitar, una y otra vez, más diligencias probatorias”, se lamenta Minorbis en un escrito que ha elevado al juzgado y en el que pide a la instructora, Patricia Fernández, que “se rechace de plano la práctica" de alguna más.

El representante procesal de la mercantil, Juan Carlos Alférez, defiende que “es imposible apurar y depurar más una investigación penal”, que se ha “agotado” cada línea de pesquisas deshilachada y que “el perímetro objetivo” de la causa “no da más de sí”. Considera que las últimas diligencias demandadas son “redundantes, reiterativas, ya practicadas” y, sobre todo, “no tienen la menor virtualidad ni habilidad como para cambiar el signo de la resolución que ultime la instrucción”, que, a su juicio, “no puede ser otra que la del sobreseimiento y archivo" del proceso para sus representados.

Argumenta el letrado que las acusaciones “no tienen un derecho ilimitado a la prueba” y que, por lo que respecta a la causa de la mina asignada por la Junta en un concurso público, “su tutela judicial efectiva está más que colmada”. Insiste en que no se puede estirar más el procedimiento y afea que haya quien pretende hacerlo, “conocedores del clamoroso fracaso de sus tesis”. Traslada a la jueza que el retraso en la finalización de la instrucción “está causando un enorme perjuicio a las partes investigadas, a las empresas concernidas, al proyecto minero en sí" y “por ende” a "los intereses socioeconómicos de toda una comarca, que clama sin cesar” por que se cierre el capítulo.

Para el abogado de Minorbis, las pruebas reclamadas ahora “por las acusaciones privadas” son “claramente impertinentes e innecesarias”, afirmaciones que soporta en una hilera de sentencias previas sembradas en el escrito al que accedió LA RAZÓN. No tienen tampoco, suma, “la menor capacidad para aportar al proceso nada que no conste ni obre ya”. Desde esa convicción solicita al juzgado que archive el caso.

Y no es el único escrito rubricado el “cuadragésimo día de confinamiento nacional” que el letrado ha ovillado sobre Aznalcóllar. En otro, consultado también por este periódico, se centra en una de las acusaciones, la popular que ejerce Ecologistas en Acción, para responder a un reproche: que la concesión minera “no está inscrita a nombre de Minera Los Frailes”, la empresa que ha reactivado finalmente el yacimiento, “en el Registro Administrativo”. “Sin duda alguna debe ser fruto de un evidente ‘lapsus calami’, probablemente producido por la ausencia de lectura de las actuaciones”, ironiza el abogado, dado que, según añade, el 4 de noviembre de 2019, se adjuntó “la acreditación documental de la contradicha inscripción” en un escrito.

Solo por eso, los ecologistas deberían haberse “abstenido” de sumar otro documento judicial, en “una estrategia que a todas luces se revela como dilatoria y tendente a eternizar la presente instrucción”, afea. “Sin duda alguna”, recalca, “si su objetivo es que nunca se reanude la actividad minera en la zona de Aznalcóllar, cuanto más se embarbasque la instrucción mediante la introducción de extremos completamente alejados a la propia jurisdicción penal, mejor para su criticable propósito”, dispara con dardos de oratoria.

En cualquier caso y para que Ecologistas no tenga que “rebuscar en las actuaciones” y “constatar el clamoroso error” en el que ha incurrido, une de nuevo el documento al nuevo escrito para que los conservacionistas comprueben, con el texto "de inscripción minera”, que se equivocaron “campanariamente”.