La Junta acelera la “flexibilización del urbanismo” como respuesta a la crisis del coronavirus

La Lista aunará la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo y reducirá el articulado un 30%. El objetivo es que el plazo para la aprobación de un plan general, que ahora supone entre ocho y diez años, se reduzca a año y medio o dos años

La salida de la crisis derivada del coronavirus de cara a la denominada “nueva normalidad” guarda hasta la fecha, por parte de las medidas anunciadas por los gobiernos de distinto ámbito, numerosas similitudes con las recetas empleadas hasta la fecha y que han hecho de España en general y de Andalucía en particular unos territorios con gran dependencia del turismo y -como se vio tras la anterior recesión, del ladrillo. El Consejo de Gobierno acordó iniciar el procedimiento de elaboración del anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista, por sus siglas) e iniciar los trámites de audiencia e información pública, por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, señaló que se trata de “una ley fundamental para el futuro de Andalucía". La Junta de Andalucía presenta una nueva ley del suelo con el objetivo de agilizar el sector, incluyendo aspectos que el Gobierno central anunció que recurriría en el decreto para regularizar viviendas ilegales, lo que abre la puerta a otro posible recurso por más que el primero aún no se haya concretado. El PSOE, directamente, acusa a la Junta de favorecer la “especulación” con esta nueva Ley del Suelo.

Carazo explicó que “la ley de urbanismo y suelo cuenta con 18 años y 11 modificaciones que han supuesto enmarañar” los trámites de 936 planes generales, con una media nueve años para su aprobación, lo que provocó que muchos “ayuntamientos hayan tirando la toalla por una ley que encorsetaba”. La nueva ley derogará tres leyes y tres decretos así como parte del articulado de otras 16 normas de “un laberinto urbanístico que ha frenado la capacidad de crecer” de la comunidad, según la consejera Carazo. Se trata, dijo, de una medida “fundamental” y de “aprovechar la situación de dificultad para contar con una norma como ésta, para colaborar en la reactivación” económica. “Se aprueba por trámite de urgencia”, explicó", para “mejorar la calidad de vida de los andaluces y la reactivación económica”. “No podíamos esperar dos años para que entrara en vigor”, dijo Carazo. La nueva norma “recorta a la mitad (los plazos) sin menoscabar la participación ni la intervención de diferentes órganos”, añadió.

Además de la reducción de plazos, se trata de “un sistema de planeamiento adecuado al tamaño de los municipios”. “Los pequeños no pueden ser tratados como las grandes ciudades”, dijo Carazo, que citó a municipios con los PGOU parados en los juzgados como Chiclana, El Puerto o Marbella. La norma viene a “facilitar que haya menos conflictividad judicial porque los ayuntamientos y los particulares tendrán una norma clara y sencilla y fácil de aplicar”, dijo Carazo.

La Junta informó de que “esta ley quiere contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo de Andalucía mediante la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias tanto a empresas como a particulares”. Para ello, garantizará, por este orden, “la viabilidad social, ambiental y económica de todas las actuaciones urbanísticas en la comunidad autónoma”.

Esta ley, que suplirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, “comparte la misma filosofía de reducción de la maraña administrativa del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva”, señaló la Junta. En esta línea, “la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y otros tres decretos”. Supone una revisión integral del actual escenario legislativo, “que se caracteriza por su dispersión, además de generar inseguridad jurídica a ayuntamientos y particulares”. La LOUA, explicó la Junta, además, ha sufrido hasta 11 modificaciones en 18 años “que han enmarañado aún más la normativa urbanística”. Frente a ello, “se dotará de una legislación sistemática, coherente y ordenada, no sólo por política legislativa, sino para facilitar su conocimiento a sus destinatarios”.

La Lista tiene como cometido “flexibilizar el urbanismo, estableciendo reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual. En ese intento de clarificar se aunará en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se reducirá el articulado en un 30%”. Además, se adecuará el modelo de clasificación del suelo a la legislación estatal. La ley incorporará también la perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y económica a la planificación territorial y urbanística y se añadirán directrices territoriales para proteger el litoral y el paisaje, informó la Junta. A su vez, agilizará los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y el proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos y trámites.

El objetivo es que el plazo para la aprobación de un plan general, que hasta ahora supone entre ocho y diez años de media, se reduzca a año y medio o dos años. En esa simplificación, se agilizará la emisión de informes sectoriales. También se marca como objetivo un sistema de planeamiento en función del tamaño y dinámica de los pequeños municipios y la incorporación de mecanismos de gestión urbanística adecuados a la población, capacidad y problemática de los municipios, con el fomento de la colaboración públicoprivada en la ejecución del planeamiento. Además, se articulará un modelo de planes urbanísticos menos rígido, atribuyendo a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, y no al instrumento de planeamiento general, la ordenación detallada de cada ámbito.

Esta ley, además, incluye el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, ratificado en el Parlamento de Andalucía con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, continúa la Referencia del Consejo de Gobierno.

Nueva definición de suelo

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía plantea una nueva regulación que distingue entre suelo urbano y suelo rústico. En el suelo rústico se distinguen:

• Suelo rústico especialmente protegido: aquellos que requieren tal condición por aplicación de la legislación sectorial (de aguas, medio ambiente…).

• Suelo rústico preservado por existencia de riesgos: están afectados por algún tipo de riesgo (medioambientales, sísmico, deslizamientos…).

• Suelo rústico preservado por ordenación territorial y/o urbanística: cuya transformación es necesaria preservar (por motivos paisajísticos, agrícolas…).

• Suelo rústico común: el natural o rural conforme a la ley vigente y el susceptible de transformación urbanística si cumple los requisitos de los planes de ordenación urbana y el plan territorial.

Esta ley también establece como novedad un sistema dual de planeamiento que comprende el Plan de Ordenación Municipal, que marca el modelo general de ordenación del municipio; y el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad existente; para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación.

Además, incorpora instrumentos de segundo nivel, como los Estudios de Ordenación, para atender las necesidades de renovación urbana en suelo urbano, y los Proyectos de Actuación municipal, con objeto de regular usos en los terrenos en que se propongan actuaciones extraordinarias en suelo rústico. Según la Junta, “se impulsa el papel de la iniciativa privada de carácter empresarial en la gestión y ejecución de planes, en las actuaciones de transformación urbanística y en el suelo urbano, removiendo trabas innecesarias, pero siempre garantizando la viabilidad técnica y financiera del proyecto”.

Respecto a la ejecución urbanística, “se establece una modalidad simplificada del sistema de compensación, permitiendo tramitación simultánea del instrumento de ordenación, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización”.

Meses de trabajo

La Junta señaló que “el inicio de la tramitación se produce tras un año de intenso trabajo en el que se ha promovido la participación y se ha contado con la opinión de expertos y entidades en materia urbanística”. El Consejo de Gobierno, en su reunión del 7 de mayo de 2019, acordó instar a la Consejería a impulsar una nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, acogiendo con ello una demanda generalizada de los agentes implicados en la ordenación territorial y la actividad urbanística.

La reactivación de la obra pública por Fomento creará cerca de 1.400 empleos
La Consejería movilizará este mes 115 millones en expedientes que quedaron paralizados desde el inicio del estado de alarma La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio reanuda este mes contratos por importe de 115 millones de euros, que permitirán la generación de unos 1.400 puestos de trabajo. Desde que se levantaron hace una semana las suspensiones de los procedimientos de contratación pública, paralizados desde el 14 de marzo por el estado de alarma decretado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía ha movilizado casi 30 millones en expedientes para la construcción de infraestructuras y rehabilitación de viviendas, señaló la Junta.