La Fiscalía de Sevilla incoa diligencias por la denuncia contra las “manifestaciones ilegales” durante el estado de alarma

La Fiscalía de Sevilla ha incoado ya diligencias en torno a la denuncia interpuesta por la Asociación Andaluza de Juristas 17 de Marzo, por la convocatoria y celebración de "manifestaciones políticas" para reclamar la dimisión del Gobierno central por su gestión ante la pandemia de coronavirus Covid-19, sin haber sido "debidamente comunicadas a la Subdelegación" pese a tratarse de un requisito obligado y poniendo "en riesgo" la salud pública.

Como ha publicado Diario de Sevilla y han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, una vez recibida la citada denuncia en la Fiscalía de Sevilla, han sido incoadas las correspondientes diligencias del mismo modo que sucede con el resto de denuncias, al tratarse del trámite correspondiente tras el registro de las mismas.

En paralelo, la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha enviado un escrito a las fiscalías superiores y provinciales, para fijar un "criterio común" sobre la intervención del Ministerio Público en los recursos contra la prohibición o propuesta de modificación de reuniones y manifestaciones durante el estado de alarma, dado el "considerable número de consultas" planteadas con relación a la interposición de recursos y señalamientos de vistas relativas al ejercicio del derecho de reunión y manifestación en el actual contexto.

En su denuncia, recogida por Europa Press, la Asociación Andaluza de Juristas 17 de Marzo avisa de que pese a las limitaciones del estado de alarma decretado para combatir la propagación del Covid-19, en Sevilla "se están celebrando diariamente manifestaciones ilegales, organizadas previamente y no comunicadas, que ponen en peligro la salud y la vida de las personas y durante las cuales los agentes de la autoridad pueden estar cometiendo delitos de prevaricación y otros".

Se trata, según la denuncia, de convocatorias “premeditadas” de “manifestaciones políticas organizadas y coordinadas” que, no obstante, “no han sido debidamente comunicadas a la Subdelegación del Gobierno, un requisito imprescindible para el ejercicio legítimo del derecho de reunión en lugares de tránsito público según la Ley 9/1983”.

"Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la falta de comunicación puede ser merecedora de sanción, pero no implica en todo caso la ilicitud de la manifestación", precisa el colectivo en esta denuncia, agregando que no obstante, rige el decreto emitido el 14 de marzo por el Gobierno central implantando el estado de alarma para frenar la pandemia con las consiguientes restricciones a la presencia en la vía pública para impedir "el riesgo (de propagación del virus) derivado de la concentración de personas".

Al respecto, la denuncia recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía “ratificó la prohibición de manifestaciones (en coche) convocadas con motivo” del Día Internacional de los Trabajadores. “Han transcurrido dos semanas desde esa resolución pero no sólo el estado de alarma sigue en vigor, sino que es lógico pensar que una situación tan excepcional no se revierte en dos semanas”, alertan.

“Debe garantizarse el derecho de manifestación siempre y cuando se haga compatible con la protección de la salud, pero parece evidente que en el caso actual en el que se realizan concentraciones organizadas, diarias y sin guardar la distancia de seguridad, se ha obviado el requisito inexcusable de la notificación previa a la Subdelegación del Gobierno ante la certeza de que ésta podría prohibirlas”, razona el colectivo, considerando que “se está infringiendo deliberadamente la Ley con la intención de realizar actos que se sabe que ponen en peligro la salud pública”.

Además, avisa de que media en el asunto la actuación de "agentes de la Policía Nacional" que "no sólo están permitiendo con normalidad estas manifestaciones peligrosas para la salud, sino que en ocasiones están demostrando públicamente su apoyo a las mismas mediante el sonido de sus vehículos y gestos ostensibles", por lo que "estarían incurriendo en un delito grave de prevaricación en concurrencia con otros, incluyendo la coautoría en el de manifestación ilícita u otros posibles contra la seguridad y la salud pública".

“Ello obliga a investigar tales conductas por si fueran constitutivas de los delitos reseñados”, concluye la Asociación Andaluza de Juristas 17 de Marzo.