Los auxiliares que vigilarán las playas andaluzas cobrarán 1.900 euros al mes

La Junta de Andalucía invertirá 24 millones de euros en la contratación de 3.000 auxiliares de playa, que cobrarán 1.900 euros al mes. El sueldo de los coordinadores superará los 2.000 euros. Así lo ha asegurado la consejera de Empleo, Rocío Blanco, además de especificar que este personal realizará tareas de seguridad y vigilancia, siempre sujetas a las normas vigentes, controlará los accesos y los aforos, ofrecerá información sobre las medidas higiénicas y también dará cuenta de posibles incidencias a los cuerpos de seguridad.

Los coordinadores pertenecerán al grupo laboral C1 y los auxiliares al C2. Los seleccionados serán del grupo quinto, por lo que deberán estar en posesión del nivel de formación equivalente a Educación Primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. “En el caso de no contar con la formación académica requerida, se entenderá que se está en posesión de la formación laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en la categoría profesional concreta de al menos tres meses, o superado un curso de formación profesional directamente relacionado con dicha categoría, impartido por un centro oficial reconocido para el cometido, con una duración efectiva de al menos 50 horas”, ha explicado Blanco.

La medida se toma para “proteger el empleo”, muy debilitado en Andalucía por el fuerte impacto del parón de la actividad productiva por el coronavirus. De hecho, la consejera ha recordado que en abril cerraron 30.000 empresas y se perdieron 200.000 empleos. La tasa de desempleo, por tanto, se sitúa en el 25,3 por ciento.

De otro lado, Blanco ha mostrado su oposición al acuerdo que ha alcanzado el Gobierno central con Bildu para derogar la reforma laboral, apostando más por un marco regulardor “estable y con flexibilidad”. Así se ha expresado la consejera de Empleo, Rocío Blanco, tras la reunión del Consejo de Gobierno, quien ha señalado de forma categórica que la derogación “no es posible” porque “no se puede recuperar la vigencia de la norma de hace 10 años”.

En este punto, Blanco ha criticado que el acuerdo se haya alcanzado sin consultar con los agentes económicos y sociales. “El diálogo social es fundamental”, ha subrayado, además de recordar que si se deroga la norma quedarían anulados aspectos vinculados a la conciliación. “Hay que dar señales de confianza y estabilidad”.