Juanma Moreno critica que el Gobierno vea a otras comunidades “más preparadas” para gestionar el Ingreso Mínimo

Juan Marín cuestiona que la regulación sea “constitucional” y no descarta un recurso de la Junta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este lunes que el Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, considere que otras comunidades autónomas estén "más preparadas" para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, en alusión a Navarra y País Vasco, por lo que ha pedido que se rectifique mediante el "diálogo y la coordinación" de las regiones.

En declaraciones a periodistas durante una visita a la planta de Viveros del Sur de Sevilla, el presidente andaluz ha reprochado las declaraciones "negativas hacia Andalucía" de miembros del Ejecutivo central al expresar que "hay comunidades autónomas más preparadas" o la necesidad de "meter un gol de manera rápida".

"Andalucía está perfectamente preparada", ha subrayado Moreno destacando que la región lleva "casi 30 años gestionando servicios sociales y tiene capacidad técnica y solvencia para asumir esa responsabilidad". A su juicio, la decisión sobre la gestión del Ingreso Mínimo a determinadas comunidades "no asiste a la razón" por lo que "no puede haber privilegios en materia de gestión de unas comunidades sobre otras".

Ha afirmado que "fruto del acuerdo con EH Bildu y PNV se ha hecho un trato a favor a Navarra y País Vasco y se ha dejado al lado al resto", por lo que ha considerado que el Gobierno de Sánchez debe "rectificar una vez más" tal y como "también piden las CCAA gobernadas por el PSOE". Juanma Moreno ha lamentado también la "improvisación" del Ejecutivo partiendo de la "falta de diálogo" con las regiones.

Dicho “error”, ha continuado, “se hubiera evitado si hubiera habido una Conferencia Sectorial y se hubiera trabajado con las CCAA”. Por todo ello, ha expresado que desde la Junta de Andalucía “esperarán” las propuestas del Gobierno central para “darles un oportunidad y hacer las cosas desde el diálogo y la coordinación con planificación conjunta”.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha expresado sus “dudas” acerca de que la forma como el Gobierno central ha decidido regular el Ingreso Mínimo Vital “no sea inconstitucional”, y en esa línea no ha descartado que la Junta de Andalucía llegue a plantear un recurso al respecto. Así lo ha señalado el vicepresidente en su intervención en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, celebrada en Sevilla con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, y donde ha sido presentado por la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.

El vicepresidente andaluz ha defendido que en la Junta entienden que “hay que gestionar desde otras situaciones, otras perspectivas estos recursos”, y “no sabemos hasta qué punto entra en competencia desleal con las comunidades autónomas la decisión del Gobierno de España”, que, salvo en el caso de País Vasco y Navarra, prevé inicialmente gestionar directamente este recurso a través de la Seguridad Social. Marín ha replicado además al ministro Escrivá que hay comunidades autónomas como Andalucía que han demostrado ser “capaz de gestionar recursos del Estado con lealtad y hacerlo bien”. “No creo que Navarra o País Vasco sean más inteligentes”, ha apostillado el vicepresidente de la Junta, que ha insistido en reclamar por parte del Ejecutivo central “el mismo trato” para Andalucía.

En todo caso, ha reiterado que habrá que ver primero "si realmente esa decisión del Gobierno no roza las competencias de las comunidades autónomas", y a la pregunta de si se ha pedido algún informe por parte de la Junta para abundar al respecto, Marín ha comentado que "se está trabajando desde ayer (este domingo), que es cuando hemos conocido la noticia oficialmente".

"Si tenemos que recurrirla (la decisión del Gobierno), lo haremos, igual que hemos hecho con los 537 millones" de la liquidación del IVA de 2017, que la Junta reclama al Gobierno, y "con la que hemos tenido que irnos al Constitucional", según ha remachado Marín.