La Junta se acoge al préstamo del FLA de 210 millones para compensar ingresos pendientes de la liquidación del IVA de 2017

El Gobierno andaluz va a concertar en este mes de junio una operación de endeudamiento por importe de 210 millones con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para compensar la falta de ingresos derivada de la falta de la liquidación de un mes del IVA del ejercicio 2017, que el Ejecutivo autonómico ha cifrado en 534,3 millones de euros, y es objeto de litigio con la Administración General del Estado, hasta el extremo de que el 27 de mayo la Consejería de Hacienda anunció la presentación de un recurso contencioso-admininistrativo para conseguir esa liquidación en vía judicial.

El Consejo de Gobierno abordó en su reunión de 26 de mayo el Decreto 79/2020, que autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de doscientos diez millones de euros, publicado el 1 de junio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y cuya entrada en vigor se determina "el día de su aprobación por el Consejo de Gobierno".

La memoria económica y funcional del decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press, que rubrica la directora general de Tesorería y Deuda Pública, María Victoria Carretero Márquez, señala que esta operación de endeudamiento recibió el 14 de mayo el beneplácito de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del Gobierno para que la Junta de Andalucía recibiera "recursos adicionales destinados a cubrir necesidades de financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2019 pendientes de financiar" y que la cantidad aprobada por ese concepto es de 210 millones de euros.

El informe de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública sostiene que "para elaborar el cálculo de los gastos que generan las mencionadas operaciones de endeudamiento, se estima que el importe global del endeudamiento se financiará con un contrato de préstamo con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas a través del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), en las condiciones fijadas por el mencionado Acuerdo de 14 de mayo, que establece que las cantidades asignadas para financiar desviaciones del objetivo de déficit pendientes de financiar hasta el importe del impacto del SII IVA devengarán un tipo de interés del 0% (aplicable al importe total que corresponde a Andalucía)".

Según la información anexa de la Consejería de Hacienda los 210 millones de euros se amortizarán hasta el 31 de mayo de 2032, periodo que incluye 4 años de carencia de amortización del principal. En el informe se señala que la fecha de formalización será en este mes de junio.

La amortización de los 210 millones la afrontará el Gobierno andaluz mediante ocho cuotas anuales, cada una de ellas por importe de 26,25 millones de euros, "constantes y consecutivas, pagaderas los días 31 de mayo de cada año hasta la fecha de vencimiento, comenzando la primera el 31 de mayo de 2025 y la última el 31 de mayo de 2032", así como que el tipo de interés de la financiación será de un 0% y que está exenta de comisiones.

En la memoria económica del decreto 79/2020 se señala que "el ingreso derivado de la operación de endeudamiento se imputará a la partida presupuestaria de ingresos 0000010000/I/90000/00 01, 'Emisión de Deuda Pública autorizada por Ley de Presupuesto'", partida cuya previsión de ingresos para el Gobierno andaluz es de 5.348,74 millones de euros.

Andalucía cumplió el objetivo de déficit de 2019 tras un superávit presupuestario de 32 millones de euros, un 0,02% en términos relativos, pero finalmente se ha acogido a la fórmula que empezó a ofrecer el Ministerio de Hacienda para compensar la merma de ingresos derivada de la liquidación del IVA de 2017, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró el 7 de febrero, y que el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, rechazó con el argumento de que ese préstamo entraña endeudarse.

El cierre de 2019 por Andalucía con un superávit de un 0,02% se produce tras descontar el Gobierno el efecto de la recaudación del IVA. De no haber practicado esta operación contable, según el cuadro que difundió el Ministerio de Hacienda, el déficit presupuestario de Andalucía habría sido de un 0,27%, un saldo presupuestario negativo de 446 millones en términos absolutos.

Bravo compareció la pasada semana, el miércoles 27 de mayo, en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía, donde respondió a una pregunta de Ciudadanos sobre el IVA de 2017 impagado a Andalucía. El consejero de Hacienda sostuvo en su respuesta, según figura en el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, que "nosotros queremos el IVA, yo no quiero más deuda". "Y si usted me deja deuda es una salida, pero, como usted comprenderá, con muchas limitaciones porque tengo que devolverlo", afirmó el consejero de Hacienda.

"Nosotros lo que estamos pidiendo es que no nos financien esos 210, sino que nos abonen los quinientos treinta y pico millones de euros, que, en su cálculo, lo han reducido a 478 sin tener un estudio, o sea, nosotros no sabemos cómo han hecho ese cálculo, lo han dejado en 478, nosotros sí que mandamos de dónde salía nuestro cálculo. Imagínese si son perjuicios para la comunidad autónoma, porque de 210 hasta los 500. Y los 210 es un préstamo, tenemos menor capacidad para hacer", sostuvo Bravo en su comparecencia según refleja el Diario de Sesiones.

En la Memoria Económica y Funcional para la concertación de operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 210 millones de euros de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública se menciona el acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de febrero, que supuso la adhesión de Andalucía al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2020.

Así como el hecho de que el Consejo de Gobierno ha autorizado hasta la fecha la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe global de 3.314.210.000 euros, correspondiente a las necesidades de financiación del primer y segundo trimestre de 2020, mediante los Decretos 23/2020, de 24 de febrero y 52/2020, de 8 de abril, por un importe máximo de 2.984.220.000 y 329.990.000 euros, respectivamente.

“En virtud de dichas autorizaciones, se han formalizado operaciones de préstamo con el Fondos de Financiación a Comunidades Autónomas hasta el importe máximo autorizado”, indica el texto.