La Fiscalía ve indicios de fraude en la empresa administrada por Francisco Serrano

La Fiscalía de Sevilla ha decidido remitir a la Fiscalía Superior de Andalucía las diligencias de investigación penal iniciadas merced a la denuncia promovida por Facua ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla, a cuenta de un presunto delito contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de subvenciones cometido por una sociedad en la que figuraría como socio, entre otros, el presidente del grupo parlamentario Vox Andalucía, Francisco Serrano, quien ya habría comparecido voluntariamente ante el Ministerio Público.

Dicha instancia informa además de que a la denuncia inicial de Facua se ha sumado una denuncia por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, explicando que la investigación desarrollada tras dicha denuncia inicial “ha permitido confirmar” que la mencionada sociedad, de la que Serrano fue administrador entre abril de 2016 y octubre de 2017, recibió 2.489.000 euros por parte del citado ministerio a través del programa Reindus, para la construcción de una fábrica de pellets -combustible a base de madera-, “para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al ministerio”.

Empero, según la Fiscalía y como ha publicado ABC, la sociedad fue constituida con “aportaciones no dinerarias” de los socios, “consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad”.

Las dudas en la realización de proyecto

“En el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del ministerio no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de pellets en la localidad de Niebla (Huelva) y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda”, avisa la Fiscalía, precisando que la investigación abarca a Francisco Serrano y “a otros socios y colaboradores” de la empresa.

Y dada la condición de aforado de Francisco Serrano como diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía, "la valoración de la suficiencia de estos indicios correspondería a la Fiscalía Superior" de Andalucía, si bien la Fiscalía de Sevilla entiende "que la conducta de estas terceras personas debe ser conjuntamente analizada para evitar decisiones judiciales contradictorias".

Finalmente, la Fiscalía da cuenta de que Francisco Serrano había solicitado voluntariamente declarar ante la Fiscalía de Sevilla, “lo que ha llevado a cabo”.

“Dinero público que se le birlado a la Hacienda pública de los andaluces”

La portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha lamentado este lunes que Vox haya venido a “ensuciar la vida política en Andalucía y en el Estado español”.

“Esta noticia solo viene a redundar y confirmar que Vox ha venido a ensuciar la vida política en Andalucía y el Estado español”, ha señalado en rueda de prensa Aguilera, quien ha señalado que, “el hecho de que la propia Fiscalía esté investigando y entienda que hay que levantar el aforamiento de Serrano, solo nos indica que este tipo de personajes son muy amigos de lo ajeno cuando hacen volatilizar dos millones y medio de todos”.

Así, la portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía ha advertido de que se trata de "dinero público que se le birlado a la Hacienda pública de los andaluces".

"Es evidente que los insultos, el camorrismo y estos indicios ponen en su justo sitio qué tipo de política promueve Vox y qué supone vox para la vida pública de Andalucía"

Dicha instancia informa además de que a la denuncia inicial de Facua se ha sumado una denuncia por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, explicando que la investigación desarrollada tras dicha denuncia inicial “ha permitido confirmar” que la mencionada sociedad, de la que Serrano fue administrador entre abril de 2016 y octubre de 2017, recibió 2.489.000 euros por parte del citado ministerio a través del programa Reindus, para la construcción de una fábrica de pellets -combustible a base de madera-, “para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al ministerio”.

Empero, según la Fiscalía y como ha publicado ABC, la sociedad fue constituida con “aportaciones no dinerarias” de los socios, “consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad”.