La concertada quiere acceder a los 2.000 millones del Gobierno «en igualdad»

«Tanto la educación pública como la concertada se sostienen con fondos públicos». Es el argumento que esgrime la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE-A) para acceder a los 2.000 millones de euros que el Gobierno central repartirá entre las comunidades para financiar los centros de enseñanza tras el coronavirus, una cantidad que, en principio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere destinar sólo a la educación pública. De esta manera, el Gobierno abre un nuevo enfrentamiento entre ambos modelos. Y no es el primero, ya que antes de la declaración del estado de alarma la ministra del ramo, Isabel Celaá mostró abiertamente sus dudas sobre el derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Según la patronal andaluza de los centros concertados, éstos «deben recibir la parte correspondiente en igualdad de condiciones que los públicos», y si no es así «se estaría incurriendo en una grave discriminación».

A su juicio, «es evidente que los gobiernos –estatal y autonómicos– tienen la obligación de dotar a los centros públicos y concertados de los fondos públicos necesarios y suficientes para su correcto funcionamiento, y para que así se cumpla también el mandato de que la enseñanza será gratuita para las familias».

En este punto, indicó que habitualmente los centros concertados reciben financiación a través de los módulos de conciertos aprobados en los Presupuestos y apuntó que además de que todos –incluida la propia administración– «reconocen la insuficiencia de dichos módulos, en cualquier caso la llamada partida de ‘otros gastos’ que reciben los centros educativos concertados se destina al funcionamiento ordinario».

Por tanto, «ante circunstancias extraordinarias como la que estamos viviendo, donde el propio Gobierno destina fondos económicos –ahora 2.000 millones de euros– para hacer frente a las necesidades sobrevenidas, es claro que los centros concertados deben recibir la parte correspondiente en igualdad de condiciones que los centros públicos» porque ambos son centros «sostenidos con fondos públicos».

De no hacerse así, CECE-A advirtió de que «el peso de los gastos extraordinarias recaerían en las familias y la Administración estaría incumpliendo su obligación de sostener con fondos públicos a los centros concertados, incurriendo en una grave discriminación». «Confiamos en que no ocurrirá así, tal como ha declarado el consejero de Educación».

En el ámbito político, el PP se mostró a favor de que la concertada acceda también a los fondos del Gobierno, al igual que el sindicato USO. La central recordó que bajo este modelo se encuentran «278.262 alumnos, casi el 20 por ciento del total de la comunidad autónoma». Muy crítica se mostró la diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo, quien instó a Imbroda a «dejar de dopar a la escuela privada». A su juicio, la situación de la educación pública es «crítica, y si ya antes requería de todo el oxígeno disponible, la nueva situación hace aún más necesario que la Administración cierre filas».