Un juez concluye que hay indicios suficientes para probar el “fraude” en cuatro subvenciones para cursos dadas a la red empresarial de un ex consejero andaluz

El instructor continúa el procedimiento contra Ojeda por delitos de falsedad y contra la Seguridad Social

“El fraude que nos ocupa parte del diseño mismo de la acción formativa y de la justificación de gastos, pero no por la vía de un burdo falseamiento de participantes o gastos, que sería fácilmente detectable por los empleados, sino por la interpretación torcida de la norma, que queda más allá de la capacidad de decisión” de los trabajadores, así como por “la interposición de sociedades en la facturación, algo que también queda fuera de la esfera” de conocimiento de quienes tramitaban los expedientes. Es un párrafo de uno de los cuatro autos con los que el magistrado Álvaro Martín, al frente del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, ha acordado continuar por los trámites del procedimiento abreviado ese mismo número de causas abiertas contra el ex titular de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda y varias personas más por los 4.915.068 euros en subvenciones que el Grupo Prescal, que englobaba al entramado empresarial ligado al ex consejero, logró en 2013. Las beneficiarias fueron en concreto la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, la Fundación Profesional para el Empleo (Forpe), la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA) y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), según han informado hoy desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En cada una de las resoluciones judiciales, fechadas el pasado 10 de junio, el juez refleja que indiciariamente habría quedado acreditado que en la obtención de las ayudas “se infringieron las normas relativas a los presupuestos” para su logro y “las referentes a la justificación de gastos”. El instructor relata en sus autos que las entidades que componían el Grupo Prescal actuaban “de manera coordinada por Ángel Ojeda” y accedieron desde 2013 a “diversas subvenciones otorgadas en el marco de los planes de formación y empleo, concedidos por el Servicio de Empleo Estatal”. Para conseguirlo “se producía el concierto” entre ellas, de forma que “alguna de las empresas vinculadas en el grupo aparecía como solicitante de la ayuda a curso de formación”, mientras otras eran las “proveedoras de materiales o servicios”, o las “arrendadoras de locales”, con lo que se generaba “un marco ficticio de gastos que se imputaban a las ayudas a los cursos”. El objetivo último, de acuerdo a la versión recogida en los autos consultados por LA RAZÓN, era destinar el importe arañado para formación a “finalidades distintas a ésta y propias de los intereses particulares de las entidades integradas” en el mencionado entramado societario.

“Con este mismo fin se imputaban a los cursos los costes relativos” a distintos empleados de las empresas del grupo, sin que efectivamente desarrollasen trabajo alguno” en las actividades formativas, según asevera el juez, quien resalta el “cuantioso perjuicio para la Seguridad Social” causado. En relación a ese punto Martín añade que, “para cumplir con la ratio de alumnos desempleados-empleados que se exigía por la normativa reguladora de las ayudas”, o se daba de alta a “algunos de los partícipes en estos cursos en las empresas” para alcanzar los cupos, aunque de forma “ficticia y se solía reducir al día en que se pedía el acceso” a la acción formativa; o se “instaba a los candidatos” a hacerlo, para darles luego de baja, “computando al alumno como trabajador en activo y no en situación de desempleo, a pesar de ser ésta su verdadera condición, alterando así la composición exigida para el alumnado”.

A la luz de lo dado por probado indiciariamente por el instructor, las cuatro empresas señaladas se hicieron en 2013 con subvenciones por un valor de 4.915.068 euros cada una para la impartición de cursos que debían ir destinados a parados en un porcentaje situado entre el 30 y el 40% y tenía que justificarse el gasto realizado. Sin embargo, se produjo “la defraudación” de 1.248.002,92 euros en el caso de Inteca, de 1.063.028,39, en el de AEA; de 995.079,91 euros por lo que respecta a Forpe; y de 1.190.784,77 euros si se pone la lupa en Humanitas.

Desde ahí, Martín ha decidido continuar el procedimiento contra dos empleados del Grupo Prescal, identificados como Federico D. B. y Adrián J. P. H y el ex consejero andaluz por los fondos públicos recibidos por Inteca, Humanitas y AEA. En cuanto a la subvención dada a Forpe, lo afectados son Ojeda, el empleado del grupo Federico D. B. e Ismael A. C. H., en condición de presidente de Forpe desde octubre de 2013. Ha acordado, por contra, el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a varios investigados al considerar que “ni participan en la burla a los presupuestos para acceso a la ayuda” ni en “la justificación fraudulenta de gastos”.

Los hechos descritos, de resultar finalmente acreditados, podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Seguridad Social. El magistrado ha dado traslado a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, a fin de que en un plazo de 45 días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de cada uno de los procesos. Ello sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan pedir la práctica de diligencias complementarias que resulten indispensables para formular acusación.