El mensaje de la sociedad civil a la Educación

La Educación y Salud públicas comparten el interés general de la opinión pública, absorben dos de las mayores partidas de los impuestos que pagamos, pero ofrecen una arista muy diferente desde el punto de vista de su gestión. Así, mientras una mala decisión en la gestión de un brote de Covid-19 tiene unas consecuencias visibles en unas cuatro semanas, una mala reforma educativa puede necesitar toda una generación para mostrar sus malos resultados. En el primer caso los ciudadanos tienen fácil premiar con su voto a los buenos gestores y sancionar a los incompetentes en la lucha contra una pandemia. En el segundo caso, la responsabilidad de una mala legislación educativa se diluye con el tiempo y los únicos que resultan inequívocamente perjudicados son los alumnos que salen mal formados y con escasas posibilidades de desarrollar un exitoso proyecto profesional y vital.

En un contexto marcado por las recientes pruebas de selectividad y en las puertas de una nueva reforma educativa alejada del consenso general, acaba de hacerse público y ponerse a disposición de los partidos políticos, un documento con amplísimo respaldo de asociaciones de la sociedad civil específicamente relacionadas con la Educación. Pocas veces es posible ver suscribiendo en una misma reivindicación a representantes de las familias, la comunidad educativa y el mundo de la cultura. Aunque sólo sea por eso, merecería un tiempo de atención.

El documento, promovido por el Foro de Profesores, pero con una participación coral de muchas de las entidades adheridas señala como ejes del sistema educativo al que debe caminar España la calidad en todas las materias, el cuidado de no malograr ningún talento, el esfuerzo, la igualdad de oportunidades y que la educación facilite los movimientos entre todos los territorios de la Nación. Se reivindica así una educación capaz de hacernos saltar barreras personales y administrativas sobre la base de una formación de calidad.

La pandemia ha evidenciado la necesidad de aumentar los recursos puestos en uno de los pilares del sistema del conocimiento –la investigación–, pero la propuesta de estas entidades va mucho más allá al pedir que sea un aumento sostenido en el tiempo y, especialmente, blindado contra las coyunturas políticas nacionales y regionales. En otros términos, las leyes de educación no pueden servir de ajuste de cuentas entre bloques políticos que se perpetran en la cabeza de los escolares, de sus familias y de los profesionales de la enseñanza e investigación.

Como ejemplos palmarios del uso instrumental del sistema educativo los firmantes subrayan dos realidades verdaderamente graves: la instrumentalizacion de la lengua y de la historia para sacralizar la diferencia, soslayar lo común y promover la disgregación social, territorial e identitaria.

En el caso particular de la lengua se señalan las dificultades de los alumnos catellanohablantes para recibir educación en su lengua materna en algunas regiones españolas. No en balde abundan entre los firmantes colectivos catalanes, navarros, de las Islas Baleares y gallegos. La gravedad de esta situación alcanza su paroxismo en la educación especial, ámbito en el que a los alumnos se les obliga a recibir educación en la lengua local de manera que a las dificultades que ya suponen las necesidades especiales de estos niños el sistema le añade imponer la enseñanza en una lengua distinta a la materna.

El documento pone encima de la mesa cuatro propuestas concretas orientadas a avanzar decididamente hacia un sistema educativo estable, de calidad, inclusivo de los que presentan más dificultades y facilitador de las oportunidades profesionales para quien finaliza sus estudios.

La primera es recuperar algunas competencia por el Ministerio de Educación como vía de homogeneizar en el conjunto de la Nación unas pruebas de nivel que garanticen una similitud en la calidad educativa de todos los alumnos españoles. A esto une el abono de las nóminas de los educadores por el ministerio para acabar con las situaciones de discriminación salarial que ahora existen. La segunda propuesta consiste en garantizar el conocimiento del español como lengua común en un marco de educación que garantice el bilingüismo del resto de lenguas cooficiales. La tercera es garantizar el conocimiento científico de la Historia de España que sustituya décadas de una narrativa en la que la historia se ha enseñado para sacralizar la diferencia y sembrar la hostilidad hacia lo común. Finalmente, se reivindica una educación inclusiva y blindada frente a las injerencias políticas.

En estos momentos está abierto el periodo de alegaciones a la nueva Ley de Educación. Los partidos políticos tienen este documento a su disposición y la sociedad también (basta acceder a la web del Foro de Profesores o a la de muchas de la entidades adheridas). Cualquier ley, también esta nueva, no mostrará sus efectos en cuatro semanas como lo hace una buena o mala gestión de un brote de Covid-19, pero no por ello debe acomodarnos en la indiferencia. Sin Educación no hay progreso alguno ni futuro esperanzador. Es algo demasiado importante para no ocupar parte de nuestra atención.