Abierta una vía de diálogo para salvar del Constitucional a las cuentas andaluzas en vigor

Se creará un grupo de trabajo bilateral que propondrá «la solución que proceda»

Abierto y oficializado un canal de diálogo entre los gobiernos central y andaluz para evitar que los Presupuestos de 2020 de la Junta acaben bloqueados por el Tribunal Constitucional (TC). Ayer se publicó en el Boletín Oficial autonómico, el BOJA, el «Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley 6/2019, de 19 de diciembre», la norma que recoge el diseño de las segundas cuentas del Ejecutivo de PP y Cs que están en vigor en la actualidad.

El desencuentro entre el equipo que dirige el socialista Pedro Sánchez en Madrid y el que coordina el popular Juanma Moreno en Sevilla se centra en puntos ligados a la oferta de empleo público de este año, a la contratación para la provisión de puestos, así como a las retribuciones del personal laboral. De acuerdo al pacto difundido en el BOJA y consultado por LA RAZÓN, la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias de la mencionada comisión bilateral ha dado luz verde a «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas» en relación con el artículo 13.4 de la ley y de varios párrafos del apartado 2 del punto 18 de la norma. Para ello se designará «un grupo de trabajo» que será el encargado de proponer «la solución que proceda». Lo expuesto se comunicará al Constitucional «a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre», de paralizar la interposición del recurso.

El Estado defiende, entre otras cuestiones, que en los Presupuestos de la Junta se incluyen los gastos de acción social dentro de la masa salarial del personal laboral, sobre la que se aplicarán los aumentos permitidos en las normas básicas. Esto vulneraría lo previsto en la normativa básica, que no incorpora esos costes y prohibiría incrementar esta partida.

Las cuentas de este ejercicio no es lo único que ha enfrentado a los ejecutivos nacional y andaluz. De hecho, el Pleno del TC admitió a trámite por unanimidad recientemente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el primero contra varios artículos del decreto del segundo de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en la región. En ese caso el conflicto está ligado al ámbito de las comunicaciones y al del patrimonio.