Salado: «Abel Caballero ha vendido a los ayuntamientos para quedar bien con Pedro Sánchez»

-Rechaza al acuerdo de la FEMP que implica transferir al Estado el superávit de los ayuntamientos y de los entes provinciales. ¿Por qué?

-Porque se trata de un chantaje, de un atraco a los ahorros de los ayuntamientos y las diputaciones, que vulnera todos los principios de autonomía local que defiende la Constitución. Es un atropello del Gobierno, que se considera una entidad superior, que nos ve como inferiores. O al menos eso es lo que ha trasladado el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que ha puesto la Federación de Municipios y Provincias al servicio del PSOE. Nos ha vendido para quedar bien con Pedro Sánchez.

-¿Cuál es el superávit de la Diputación y qué implica no contar con estos fondos?

-El remanente afectado y bloqueado por el Ministerio de Hacienda supera los 28,5 millones. Teníamos previsto ampliar las inversiones del Plan Málaga y poner en marcha de manera urgente actuaciones en materia de sostenibilidad, obras hidráulicas y de depuración de aguas, así como de movilidad para los pueblos más pequeños. Son inversiones para crear empleo y mejorar la competitividad y bienestar de nuestros pueblos que ahora se bloquean.

-Esta exigencia se produce en plena pandemia y se dirige a unas administraciones que están al lado de los que sufren las consecuencias de la crisis.

-El Gobierno está más ocupado en tapar el fiasco de su gestión de la crisis sanitaria, puesta en evidencia por todos los organismos internacionales y las estadísticas y los propios científicos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el que peor ha gestionado la pandemia del mundo, pero prefiere dedicarse a enfrentarnos a los ayuntamientos, a levantar cortinas de humo y atacar a la Casa Real y la propia configuración de nuestro sistema democrático. Deberían estudiar cómo emplear mejor los 170.000 millones que van a llegar de Europa en lugar de quitarnos a los ayuntamientos y las diputaciones el dinero que es de nuestros ciudadanos y que sí sabemos a qué dedicar para ayudar a superar esta crisis.

-¿Plantea alguna medida de protesta? ¿Se puede negar la Diputación a la transferencia?

-Los servicios jurídicos de la Diputación y una consultora legal de prestigio internacional están trabajando en la defensa de los intereses de los malagueños. Quiero creer que el Gobierno dice la verdad cuando afirma que la cesión será voluntaria, pero no sería la primera vez que nos mienten.

-El Gobierno, como contrapartida, se compromete a abrir un fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos en los Presupuestos y otro de 300 millones para compensar las pérdidas municipales en los transportes urbanos por la pandemia. ¿Es suficiente?

-Ni mucho menos. Es una ridiculez comparado con el dinero que nos quitan y bloquean. No es un préstamo, es casi un embargo lo que nos quieren hacer. Y luego está la injusticia y el tremendo agravio que se crea entre unas y otras instituciones locales. Porque, ¿cómo se va a repartir ese dinero? ¿Se les daría más a quienes más presten? Me temo que luego habrá un segundo atraco para beneficiar a los ayuntamientos socialistas.

-¿Queda en entredicho la labor de la FEMP? Ha pedido la dimisión de Abel Caballero.

-Abel Caballero y el PSOE han puesto a la FEMP ante una de las mayores crisis que se recuerdan. La FEMP no se creó para usurpar la voluntad y la autonomía de los ayuntamientos y de las diputaciones, sino para representar sus intereses comunes. Buscando el consenso y el diálogo. Con esta actitud, con esta traición y esta imposición partidista, tanto el PSOE como Abel Caballero han puesto en peligro la misma existencia de la FEMP. A ningún ayuntamiento le interesa una FEMP así, autoritaria, partidista y entregada a los caprichos del presidente del Gobierno de turno. Se supone que la FEMP se creó para lo contrario, para defendernos de esa tentación autoritaria del Gobierno central, no para vendernos por un plato de lentejas en la ejecutiva federal del PSOE, como en este caso.

-El rechazo del PP ha sido unánime, una reacción que comparten otros partidos. Tras la crisis de 2008 que afectó gravemente a la financiación local, ¿esta medida supone un otro golpe?

-Los ayuntamientos y las diputaciones cada vez tenemos más competencias y más responsabilidades y peor financiación. Porque siempre que se habla de la financiación de las administraciones públicas en este país se habla de la financiación autonómica, y nunca de la local, cuando somos las instituciones que más cerca estamos de los problemas y necesidades de los ciudadanos.

-¿Se plantea recurrir al Tribunal Constitucional?

Es una fórmula compleja, porque no podemos ir solos y tenemos que sumar a un amplio número de ayuntamientos e instituciones locales, pero es nuestra intención acudir al Constitucional si este atraco, si este chantaje, se mantiene.