El ex Gobierno andaluz del PSOE dejó sin iniciar el 42,5% de las obras de depuración que marcó de interés

En un informe de Ecologistas en Acción se refleja un descuadre ligado al canon del agua de 70 millones y se urge a actuar para evitar nuevas multas de la Unión Europea

Ecologistas en Acción ha denunciado en múltiples ocasiones vertidos de aguas residuales en distintos puntos de la región
Ecologistas en Acción ha denunciado en múltiples ocasiones vertidos de aguas residuales en distintos puntos de la regiónLa RazónLa Razón

La depuración de aguas ha dejado un rastro de sombras manchadas en Andalucía. España acumula cinco procedimientos de infracción por haber vulnerado las obligaciones fijadas en la Directiva europea sobre el tratamiento de las residuales urbanas. Dos de ellos llegaron incluso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ocho de las 17 aglomeraciones metropolitanas señaladas están ubicadas en la comunidad, lo que la convirtió en la más incumplidora y, por tanto, en la que tendrá que abonar más dinero en concepto de multas, en concreto unos 5,5 millones de euros.

Para evitar nuevas sanciones, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en octubre de 2010 un Acuerdo por el que declaró de interés 300 actuaciones, que serían financiadas en parte por el canon de mejora autonómico establecido en la Ley 9/2010. Antonio Amarillo Sánchez, coordinador del área de Agua de Ecologistas en Acción en la región, ha elaborado ahora un informe en el que se asevera que desde la entrada en vigor de aquella tasa en mayo de 2011 hasta finales de 2018 se recaudaron «730,2 millones», de los que «147 correspondían al último ejercicio», cuando aún gobernaba en Andalucía el Gobierno del PSOE-A.

La inversión comprometida hasta entonces era sólo de «705,2 millones» y se ejecutaron actuaciones «por valor de casi 350», 218,1 de los mismos procedentes de los ingresos del canon, es decir, algo menos del 30%; y «131,8» fueron financiados con cargo a fondos de la Unión Europea (UE). Según se refleja en el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, titulado «Balance de los ingresos del canon autonómico y situación de las actuaciones declaradas de interés a 31 de diciembre de 2018», al restar a la inversión comprometida lo que hasta ese límite temporal se había obtenido a través del impuesto regional, resulta «un saldo negativo de 25 millones». Y la diferencia entre todo lo ingresado por el canon respecto a la inversión ejecutada y financiada gracias a él «asciende a algo más de 512 millones».

Si bien, Ecologistas avisa de que ese número «no coincide con los datos del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta para 2018» de la Cámara de Cuentas, que recoge «una desviación consolidada de 582,12 millones», lo que implica que cabe preguntarse qué ha sucedido con los 70 restantes. Además, quedó pendiente «una inversión en ejecución –la comprometida menos la materializada– financiada vía canon de «algo más de 355 millones».

Sevilla a la cabeza, Málaga a la cola

Por territorios, Sevilla continuaba a la cabeza en fondos destinados, con casi 176 millones. Le siguieron Granada, con 133,7 y Jaén, con 104,5. A la cola, por contra, estaba Málaga, que se quedó al borde de los 36,5 millones, casi cinco veces menos que Sevilla y delante de ella, pero en la parte baja de la tabla igual, Almería y Cádiz, con en torno a los 54.

En relación a las más de 300 obras declaradas de interés, Amarillo asevera que «sólo hay datos públicos del 61% de ellas» y «aproximadamente un 42,5%» no se habían iniciado a finales de 2018. Sí había información de 184 actuaciones. «Preocupa el ritmo de ejecución de éstas», reconoce el conservacionista en su frondoso trabajo de una treintena de páginas, sobre todo, si se tiene en cuenta que «la propia Administración admite que las obras tardan entre cuatro y seis años desde que se redacta el proyecto hasta que se entrega al gestor».

Para los ecologistas, pese al impulso dado en los últimos meses en el apartado de licitación, «urge que las distintas administraciones busquen soluciones» para pisar el acelerador ya que «la salud de las personas y el medio ambiente» no permite «más retrasos». «Los que ostentan las competencias del saneamiento y depuración tienen que actuar ya», apremia, antes de que sea la Comisión Europea la que vuelva a agitar las multas y acaben «pagando los ciudadanos lo que es responsabilidad de otros».

A veces los vertidos incluyen toallitas higiénicas, como éste que alcanzó al río Guadaiza FOTO: La Razón La Razón