Escuelas Católicas de Andalucía denuncia la discriminación a la concertada con el reparto del Fondo Covid

ECA critica la marginación en las partidas “para limpieza y material sanitario” y la exclusión “de las ayudas para la creación de la figura del coordinador Covid”

Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización que integra a 400 centros, 16.000 profesionales y más de 260.000 alumnos, representando al 70% de la educación concertada en Andalucía, ha recibido “como un verdadero jarro de agua fría” la publicación de la Guía de Organización del Curso 20-21, la cual establece la instauración en los centros de enseñanza de la figura de un coordinador Covid encargado de la organización, ejecución y seguimiento de las medidas sanitarias directamente relacionadas con la pandemia, así como de la canalización de todos los casos e incidencias con las respectivas autoridades y profesionales sanitarios. Ese coordinador será, en los centros públicos, un profesor al que se liberará de un determinado número de horas de clase para atender estas cuestiones; sin embargo, y en contra de las conversaciones mantenidas, la educación concertada ha quedado completamente excluida de este recurso, señala la asociación.

Se trata “de la última gota que ha colmado el vaso de las promesas incumplidas, las buenas palabras y la discriminación por la vía de los hechos consumados”, apunta la entidad. “Después de valorar positivamente el esfuerzo de la Consejería y votar a favor en la Mesa de la Concertada el acuerdo para la incorporación de profesores de refuerzo (a pesar de excluir Infantil, Educación Especial, Formación Profesional y Bachillerato), aplaudiendo y reconociendo tanto esta decisión como la dotación de mascarillas e hidrogel y la realización de PCR al personal de sus centros”, ECA se ha encontrado “que los vagos compromisos en relación con otras medidas de limpieza e higiénico sanitarias necesarias se han convertido en una exclusión de facto de todo tipo de ayudas para los colegios concertados, en clara discriminación con la educación pública, que sí tendrá una financiación suplementaria”.

La organización añadió que “la educación concertada ya venía siendo fuertemente discriminada con respecto a la pública en la partida de “otros gastos” (destinado a PAS, limpieza, fungibles), históricamente congelada y completamente insuficiente, siendo una de las reclamaciones más insistentes de toda la educación concertada desde hace años”.

Pese a todo, “los centros integrados en ECA garantizan a las familias de sus más de 260.000 alumnos el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones sanitarias, una garantía que estará sustentada en el esfuerzo y generosidad de los profesionales y titulares de sus centros, pero se sienten “profundamente decepcionados” y percibe esta decisión como una discriminación del consejero Javier Imbroda a esas familias, y a todos los padres y tutores que eligen en Andalucía la educación concertada y creyeron en su promesa de un trato igualitario”.

Escuelas Católicas apela “a que el presidente y el consejero rectifiquen y hagan que la libertad de elección educativa de familias y tutores sea una realidad en Andalucía y no un falso emblema electoral”. “Porque la realidad es que los centros concertados no cuentan con los mismos recursos materiales y personales que la pública y las diferencias se van a ver agravadas en este curso 2020-2021, como consecuencia del Covid, que va a agrandar la brecha histórica de financiación”, señala.

Asimismo, advierten al Gobierno andaluz que la radiografía socioeconómica de las familias de sus centros es prácticamente idéntica a la de los centros públicos y que, por tanto, la pandemia significará para las familias de las concertadas una doble desventaja y discriminación. En este sentido, recuerda al Gobierno andaluz que la educación concertada juega un papel que el Tribunal Supremo ha insistido que no es subsidiario sino complementario “para la prestación del servicio público de la educación” y que el artículo 108 de la LOE subraya que cumple “el mismo servicio público” que los centros de propiedad pública. Con un origen precisamente marcado por el espíritu social y por la voluntad de convertir la educación en un ascensor social para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión, la oferta de los centros integrados en ECA, “representa, de hecho, en numerosos pueblos y barrios de Andalucía, la única alternativa real para que las familias desfavorecidas puedan decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos”.