El sector oleícola exige al Gobierno un cambio legal en los plazos de pago para evitar el hundimiento de su industria

Ocho de las principales organizaciones representativas de la producción, transformación y comercialización de aceite de oliva de España han exigido al Gobierno un cambio legal en los plazos de pago para evitar el “hundimiento inminente del sector”.

Así se han expresado en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, las asociaciones Almazaras Federadas de España, Infaoliva, Asaja, Coag, la Sectorial Nacional del AOV con Denominación de Origen, Denominación de Origen Priego de Córdoba, ANIERAC y ASOLIVA.

Dichas asociaciones sostienen que la interpretación que hace el Ministerio de la Ley de la Cadena Alimentaria pone en peligro la “viabilidad del sector a muy corto plazo”, ya que esperan pérdidas para esta campaña cifradas “en más de 1.100 millones de euros que afectarían, sobre todo, al 40 % de la industria transformadora del país”.

“El Ministerio de Agricultura cambió para la campaña 2019/2020 la interpretación de la norma obligando al pago del producto a los agricultores en un plazo no superior a los 30 días desde la entrega de la mercancía y no, como se estaba haciendo hasta ahora, desde el momento en el que se fijaba el precio del producto”, añaden los olivareros.

Esta modificación, “no solo suprime la libertad del agricultor” de elegir el momento más adecuado para poner precio a sus aceitunas, sino que “amenaza con provocar un perjuicio económico muy grave a todo el sector oleícola y, en particular, al sector productor”.

Según los olivareros, debido a la estacionalidad de la campaña, la aplicación de este último criterio obligaría al sector industrial a poner a disposición del mercado el 40 por ciento de la producción nacional de aceite de oliva en apenas dos meses, enero y febrero, para así poder atender los pagos a los cosecheros.

Sin embargo, al concentrarse la venta en tan corto periodo de tiempo, los precios se hundirían hasta incluso por debajo de los costes de producción, lo que arrastraría “a la quiebra a la mayoría de las explotaciones olivareras”.

Por ello, las organizaciones han reclamado al Gobierno una “respuesta inmediata” a su solicitud y que abra a la “mayor brevedad posible” un espacio de diálogo en torno a las modificaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Para los olivareros, la solución pasa por una “transposición literal” de la directiva europea de prácticas comerciales desleales, que establece las prácticas comerciales prohibidas de pago a proveedores de productos perecederos en varios términos.

Concretamente, a más de 30 días desde la entrega del producto; si las entregas son periódicas a más de 30 días contados a partir de que finalice el plazo de entrega acordado; y a más de 30 días contados a partir de que se fije el importe pagadero de la mercancía.