Carmen Calvo
Calvo asegura que la nueva ley acabará con ignominias como la de Queipo de Llano
Atribuye a «razones del día a día» la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los jueces y la desvincula de la sentencia de Torra
La vicepresidenta primera del Gobierno central, Carmen Calvo,ha defendido en Sevilla la nueva Ley de Memoria democrática en la que está trabajando el Ejecutivo y ha pedido al Gobierno andaluz conformado por PP-A y Ciudadanos (Cs), que «no vaya para atrás» en esta materia. Durante su participación en los «Encuentros SER Andalucía» con motivo del 40º aniversario del Estatuto de Autonomía, la socialista ha defendido que si eso sucediera, responsables del Ejecutivo regional tendrían que decirle a los familiares de las víctimas que éstas «son de segunda, que no las van a exhumar, que no se les va a dar sepultura respetuosa y que esos compatriotas no nos importan».
Calvo ha insistido en la necesidad de contar con una nueva ley estatal que abroche las doce leyes autonómicas que existen en este momento y que garantice que no se darán pasos atrás. Además, preguntada sobre la sepultura del militar Gonzalo Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena de la capital hispalense, ha aseverado que «nadie relacionado con el golpe de estado a la España constitucional» podrá estar en ningún lugar público o privado con repercusión pública para su enaltecimiento. «Algunas cuestiones que son ignominiosas se resolverán en cuanto la ley entre en vigor», ha sentenciado.
Moreno apoya al monarca
Al margen de la memoria histórica, la vicepresidenta ha desvinculado la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona de la sentenciadel presidente de la Generalitat, Quim Torra, al afirmar que el Ejecutivo «no sabe cuándo sale dicha sentencia» y la ha atribuido a «razones del día a día». Al Rey también ha aludido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien en una entrevista en Telecinco ha urgido «una explicación» por el hecho «tremendamente grave» de que el jefe del Estado «por recomendación y obligación, por dictado del Gobierno de la nación, no pueda acudir a un acto tan simbólico, institucional e importante desde el punto de vista de sentido de Estado» como era, a su juicio, el de la entrega de despachos a los nuevos jueces.
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