La Fiscalía archiva la denuncia de CGT contra la contratación urgente por la Covid-19

La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado, al entender que los hechos no tienen relevancia penal, una denuncia presentada por el sindicato CGT contra la Junta a raíz del proceso de selección de personal interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Según recoge el decreto de archivo, la Confederación General de Trabajo (CGT) denunció el pasado agosto a los responsables de la Consejería de Presidencia, Administración Púbica e Interior por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación en el referido proceso selectivo.

El sindicato denunciante consideraba constitutivo de delito ciertas bases de la resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se articulaba el procedimiento de emergencia para la selección de personal en el marco de la emergencia sanitaria.

Esta norma excluía de la contratación a los colectivos incluidos en otra resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, de 13 de marzo, -la que complementaba resolución de un día anterior- por la que se adoptaban medidas respecto a todo el personal de la administración de la Junta con motivo de la COVID-19.

Tal resolución de 13 de marzo afirmaba, en relación a los grupos de riesgo, que se consideraban personas “especialmente sensibles” aquellas que sufrieran patologías que pudieran verse agravadas por la Covid-19, de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

Citaba entre ellas a la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, hepáticas, pulmonares, renales y neurológicas crónicas, además de la inmunodeficiencia (VIH), el cáncer, las mujeres embarazas, en período de lactancia y las personas mayores de 60 años.

En consecuencia, la referida resolución excluyó de la contratación proyectada para la lucha contra la Covid-19 a aquellas que sufrían un “mayor riesgo” de padecer la enfermedad, indica la Fiscalía, que considera que los hechos denunciados “carecen de toda relevancia penal”, por lo que procede su archivo.

Este decisión del Ministerio Público es independiente de otra investigación abierta en la Fiscalía Superior tras la denuncia de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que defiende la sanidad pública, por la contratación urgente de 159 funcionarios interinos de la Junta, que excluye a embarazadas y a mayores de 60 años.