Critican la “incomprensible” decisión del Gobierno central de autorizar el plan para tapar los fosfoyesos de Huelva

“Perplejas”. Así se han quedado la Asociación Mesa de la Ría y Greenpeace ante la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de conceder una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al proyecto presentado por Fertiberia para el sellado de las balsas en las que se apilan fosfoyesos, los residuos de su actividad, en Huelva. Desde ambas organizaciones recuerdan que el proyecto presentado por la empresa “no planea retirar los vertidos tóxicos y radiactivos”. En lugar de descontaminar la zona ocupada, “propone cubrirla con unos centímetros de arena”, lo que, a su juicio, supone “eludir la obligación de restaurar" ese área de la capital onubense, "ignorando el daño provocado por Fertiberia a la salud ambiental y de la ciudadanía, que ha estado expuesta a estos residuos industriales tóxicos, peligrosos y radiactivos, como reconocieron el Parlamento y la Comisión europea, con los que, ahora, tendrían que seguir conviviendo, escondidos bajo la alfombra”.

Tras el “incomprensible” paso dado por el Gobierno central, para fuentes de las mencionadas organizaciones, piden al Ejecutivo andaluz que deniegue la Autorización Ambiental Integrada a este proyecto,al “estar aún en su mano detener la enésima aberración ambiental que se cierne sobre la provincia de Huelva”. En opinión de Julio Barea, portavoz de Greenpeace, la Junta “tiene, en este caso, una oportunidad para demostrar, con hechos, si su aclamada revolución verde” esconde o no "un compromiso real con el medioambiente”.

También apuntan al Ayuntamiento de Huelva para pedirle, en su caso, que emita “un informe de incompatibilidad urbanística”. Recuerdan que Fertiberia “cuenta con un amplio expediente de incumplimientos ambientales y de desprecio por la salud y el medioambiente”, el último de los cuales se remonta a mayo de 2019, cuando fueron “sorprendidos vertiendo cuatro millones de metros cúbicos de aguas contaminadas, procedentes de las balsas que ahora pretenden cubrir, directamente a la ría de Huelva”.

La Audiencia Nacional apuntó en una sentencia de junio de 2007, que “hubo incumplimientos manifiestos” por parte de la química a la hora de depositar los residuos y para los conservacionistas el fallo “no deja duda alguna sobre la retirada, sin concesiones, de todos los residuos depositados allí, tanto por superación de la altura de los fosfoyesos, como por el vertido de otros residuos peligrosos no contemplados ni autorizados”.