COAG pide que se retire el “brutal” decreto para regular la gestión de la PAC transitoria

La organización agraria COAG Andalucía ha pedido este miércoles que se retire el “brutal” decreto que prepara el Ministerio de Agricultura para regular la gestión de la PAC transitoria, al considerar que puede ser “mortal” para esta comunidad autónoma.

La citada organización considera “inadmisible” que el ministro de Agricultura, Luis Planas, presente el real decreto sin un informe de impacto previo que determine su efecto en la renta de los agricultores.

El secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha explicado en conferencia de prensa que la diversidad productiva española se reconoció, en la pasada reforma de la PAC, mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda que se definían en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores.

Al mismo tiempo, se estableció un sistema de convergencia que aproximaba el valor de los derechos de los agricultores integrados en una misma región, de forma moderada, progresiva y con topes (30 % máximo de pérdida) en su impacto sobre la renta individual de los agricultores afectados.

“Ahora, el Ministerio de Agricultura ha presentado un Real Decreto que plantea una reforma brutal del actual sistema de convergencia”, ha criticado.

Así, ha indicado que se plantea una convergencia casi total (del 80 % de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma “inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores”.

Según el análisis de COAG Andalucía, la aplicación de esta propuesta conllevaría que, de un día para otro, aquellos agricultores con derechos de pago básico más elevados -por proceder de derechos especiales de ganadería o por su mayor productividad al proceder de regadío frente a los del secano-, sufrirían elevadas reducciones para acercar el valor de sus derechos a la media de su región.

Asimismo, ha denunciado que no se ha realizado ningún informe de impacto que determine las consecuencias que su entrada en vigor produciría sobre la renta de los agricultores.

“Se trata de una modificación gratuita, no viene obligada por la normativa comunitaria, es inoportuna, pues se produce en plena negociación de una reforma de la PAC que entrará en vigor en 2023 y que debe ser fruto de un análisis detenido, orientada hacía unos objetivos definidos, entre otras cuestiones”, ha recalcado.

Según esta organización agraria, la propuesta “no sólo no toca a los titulares de explotaciones extensivas, sino que éstos van a ser los más beneficiados del decreto, los que han conformado sus ayudas no en base a la producción, sino precisamente a su elevada superficie”, lo que ha tildado de “inexplicable”.

En su opinión, el ministro está “preparando el terreno para la reforma que pretende llevar a cabo en el 2023, una homegeneización de ayudas (tasa plana), con el consiguiente perjuicio para el modelo profesional y beneficio a las grandes explotaciones, favoreciendo a la concentración de las superficies”.