El ex director de la Faffe pide el archivo de la causa sobre el uso de las tarjetas bancarias utilizadas en prostíbulos

El PP sospecha que uno de los pagos investigados estaría relacionado con la “despedida” de Antonio Fernández cuando fue cesado como consejero de Empleo

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha acogido este miércoles una comparecencia en la que la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz han trasladado al ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y a la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, los hechos concretos que les atribuyen en la causa correspondiente al presunto uso de varias tarjetas bancarias de la citada fundación en distintos locales de alterne de Andalucía.

Esta comparecencia se encuadra en la tramitación de la causa por el procedimiento del tribunal del jurado y durante la misma, la defensa de Fernando Villén ha solicitado el archivo de la causa bajo la premisa de que no habría pruebas para demostrar que el dinero usado para tales pagos en prostíbulos procediese verdaderamente de la Faffe, lo que descartaría el presunto delito de malversación de caudales públicos, según la defensa de este investigado en las diligencias.

La defensa de Villén ha manifestado además que en el caso de ser admitido el citado delito de malversación de caudales públicos, lo sería en la forma del artículo 433 del Código Penal, con lo que los hechos habrían prescrito. Del mismo modo, ha negado toda “simulación” o falsedad documental.

Fernando Villén habría tomado de hecho la palabra él mismo, para exponer que los citados pagos se encuadraban en las “relaciones institucionales” de la Faffe, insistiendo en que los gastos fueron “reintegrados”.

La Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz, como acusaciones, han mantenido en líneas generales los hechos contenidos en el auto de transformación de la causa en el procedimiento para el tribunal del jurado, según el cual Fernando José Villén Rueda, “prevaliéndose de su cargo como director” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (...) para abonar servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía contra las cuentas de la referida fundación”.

En este sentido, el citado auto señala que, en total, este investigado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, y en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, ideó “un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados”.

Las partes han solicitado además la práctica de algunas diligencias, solicitando por ejemplo el PP andaluz que testifique el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado por la causa correspondiente al denominado como procedimiento específico mediante el cual eran financiados con fondos autonómicos los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y arbitrarias a empresas.

El PP-A, en ese sentido, conecta los pagos investigados de la noche del 22 de marzo de 2010 y la madrugada del día siguiente, con una “despedida” relacionada con el cese de Fernández como consejero de Empleo, departamento del que dependía la Faffe, por lo que espera aclarar si el exconsejero compartió o no aquella noche con Fernando José Villén.