Imbroda no comparte el borrado del límite de suspensos de Celaá

Los criterios de evaluación han vuelto a diluirse. El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes a un Real Decreto Ley que permitirá retirar el límite de suspensos para poder pasar de curso en el contexto de la pandemia, si así lo estima la Junta. Serán los equipos docentes los que valoren de forma «colegiada» y decidan si un estudiante ha alcanzado los objetivos de su etapa, la ESO o el Bachillerato, con independencia del número de materias que haya aprobado y de lo estipulado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Lomce). El Gobierno autonómico no está de acuerdo y el titular de Educación, Javier Imbroda, advirtió ya ayer de que pedirá explicaciones a la ministra del ramo, Isabel Celaá, por haber impulsado esta medida «sin diálogo ni consenso» con las comunidades autónomas. Fuentes de la consejería aseguran que ambos hablan con frecuencia por teléfono, pero la ministra no le había comentado nada relativo a ese asunto en concreto.

Imbroda recordó desde Granada que la región ya se opuso durante el confinamiento al «aprobado general», junto a Madrid y a Murcia. Se refería a que el Ejecutivo central ya publicó una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras un acuerdo con las otras comunidades cuando los centros educativos fueron cerrados por la Covid-19 y las clases eran «on line», que permitía avanzar de año escolar a los alumnos con más asignaturas suspendidas de lo que fija la actual normativa, salvo casos muy excepcionales.

«Pediremos una explicación a la ministra para intentar entender por qué ha dado este paso», recalcó Imbroda, quien añadió que puede generar desigualdades entre territorios. Los títulos académicos tienen el mismo valor en todo el país, pero con el nuevo Real Decreto el Ejecutivo central cede la competencia que tiene por esa circunstancia a las regiones para que hagan lo que consideren oportuno, con lo que abre la puerta a que haya diferencias entre alumnos de las distintas comunidades, según entiende la Junta. «Es un tema lo suficientemente delicado como para que hubiera un consenso encima de la mesa», abrochó el consejero.