Acuerdo para retirar el recurso contra el decreto de simplificación

«Con este Gobierno se puede acordar y dialogar». En estos términos se expresó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, tras anunciar que el Gobierno central retirará su recurso contra el decreto de simplificación administrativa –avalado por el Tribunal Constitucional– al llegar a un acuerdo con la Junta. El denominado Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía es una de las medidas estrella del Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos. Fue motivo de confrontación política al ser recurrido por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional, oponiéndose a los artículos relativos a la Ley Audiovisual de Andalucía y a las intervenciones en Bienes de Interés Cultural.

El acuerdo tiene su plasmación en las disposiciones finales del decreto ley y las modificaciones, posteriormente, tendrán que ser ratificadas por el Parlamento andaluz. El acuerdo, según Bendodo, es una «muy buena noticia» y «ejemplo de que dos gobiernos nos podemos poner de acuerdo en un asunto tan importante».

Además, se produce unas semanas después de que el TC levantase la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno, de forma que, según subrayó el consejero de la Presidencia, el decreto «sigue vigente con plenas garantías y seguridad jurídica».

Desde la Junta defienden que el proceso de desaceleración económica que motivó la simplificación administrativa «no sólo persiste en la actualidad, sino que se ha visto agravado como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y su repercusión sobre la economía».

En esa línea, Bendodo señaló que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos ha realizado «un trabajo serio, riguroso y necesario para que la maraña burocrática que se había tejido en Andalucía no ahogue a personas, autónomos y empresas, y para que todo el mundo que quiera invertir en Andalucía lo pueda hacer».

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, remarcó que, recientemente, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que prevé aprobar también un decreto que elimine «las principales barreras» burocráticas y animó a «tomar nota» de ello a los parlamentarios socialistas que también recurrieron el decreto andaluz ante el TC.

Las medidas que se adoptan en materia audiovisual responden, según la Junta, «a la conveniencia de agilizar la tramitación de algunos procedimientos, así como de favorecer el avance y consolidación del sector de la comunicación audiovisual en Andalucía, así como de su actividad productiva relacionada».

Por su parte, las medidas relativas al patrimonio histórico pretenden «agilizar la tramitación de determinadas obras que, por su entidad, no afectan al patrimonio histórico, descargando a las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico».