El juez de los ERE arrastra a cinco ex cargos del Gobierno andaluz a la causa de las ayudas a Boliden

Los ex consejeros Recio y Ávila tendrán que responder por los 54,2 millones que se le dio a la empresa que gestionaba Aznalcóllar cuando se rompió la balsa minera

Es época de abrazos esquivos, pero las novedades judiciales que tal vez requerirían alguno continúan. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado la «ampliación» de la «imputación» en la «macrocausa» de los ERE presuntamente irregulares de cinco ex cargos del Gobierno andaluz: los ex consejeros de Empleo y Economía, Manuel Recio y Antonio Ávila, respectivamente; los viceconsejeros de los mismos departamentos por idéntico orden, Justo Mañas y Luis Nieto; y el ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera. Lo ha hecho en la pieza en la que se investigan los 54.279.986,16 euros que la Junta concedió a la empresa Boliden Apirsa, gestora de la mina de Aznalcóllar cuando se produjo la rotura de la balsa en 1998 que provocó una catástrofe ambiental, con los que se prejubilaron 425 mineros.

En un auto, fechado el pasado 7 de octubre y al que accedió LA RAZÓN, el juez de refuerzo del órgano judicial, José Ignacio Vilaplana, insiste en que esos fondos se habrían asignado a Boliden «de manera injusta», «arbitraria» y sin «análisis económico alguno» por parte del Ejecutivo regional. Explica además que los cinco señalados ya han prestado declaración como investigados en la causa matriz de los ERE, pero no han «sido oídos» en relación a «la totalidad de los hechos delictivos» que constituyen el objeto de la pieza centrada en la mencionada sociedad sueca. En especial alude a lo concerniente a la concesión y al pago de ayudas con cargo a fondos distintos de la partida presupuestaria 31L, la conocida como el «fondo de reptiles», aunque de la documental que maneja el juzgado se puede deducir que parte del dinero atribuido «de manera irregular» a Boliden habría «procedido de fondos propios de IFA/IDEA –entes de la Junta, que actuaron de pagadores en los ERE–.

Vilaplana sostiene que «existen indicios solventes y suficientes de que parte de las ayudas» analizadas en la pieza, «no habrían sido acordadas y abonadas dentro del periodo de imputación en la causa del ‘procedimiento específico’», el bloque político del «macroproceso» ya juzgado en la Audiencia de Sevilla. Esto es lo que justificaría el paso dado con los cinco «partícipes en la operativa ilícita», con independencia de que alguno de ellos fueran señalados también allí.