Daños a Doñana desde dentro: vigilantes del Parque permitieron hacer pozos y obras ilegales

Quienes debían velar por la conservación del Parque Nacional de Doñana habrían estado al menos dos años permitiendo daños deliberados a su fauna y su flora. A eso apunta la investigación realizada por la Guardia Civil en el marco de la “Operación Zacallón” -abierta en 2019-, dirigida por el juzgado de Instrucción 3 de La Palma del Condado y la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva. El Seprona ha localizado 22 pozos ilegales, 11 lagunas artificiales irregulares (zacallones) y diversas obras en terrenos no urbanizables, que constituirían delitos contra la ordenación del territorio, usurpación de aguas y prevaricación, según ha podido saber LA RAZÓN.

La investigación apunta que la sobreexplotación del pastoreo habría podido producir graves daños al medio ambiente, además de no contar con autorización para ello. Las irregularidades detectadas habían sido denunciadas con anterioridad, pero los agentes del Seprona descubrieron que los expedientes sancionadores no se tramitaban, contando con la connivencia de personal del Parque Natural.

Según las pesquisas, ninguna de las actividades disponía de licencia en vigor desde hace como mínimo dos años, produciendo graves daños en la fauna y flora del espacio protegido. La Guardia Civil concluye que los beneficiarios directos del aprovechamiento indebido del agua y de las construcciones donde almacenaban material y al propio ganado eran en su mayoría asociaciones de ganaderos de la zona, que participaban directamente en las irregularidades con el objetivo de enriquecerse.

En cuanto a los daños al medio ambiente, la investigación se apoya en informes aportados por organismos oficiales que constatan la pérdida de biodiversidad en la zona afectando a la regeneración vegetal, amenazando con ello a especies de fauna y flora protegidas. Los agentes citan estudios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Universidad de Sevilla.

La Guardia Civil comenzó sus indagaciones en 2019, después de recibir información sobre la realización de sondeos supuestamente no autorizados en Doñana, corroborando que dichas irregularidades se realizaban en presencia de vigilantes del Parque