Barberá niega nexos con Acyco, Márquez alega que confiaba en Rofa y Rivera que la “apartó” por borrar datos

El ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera han declarado este martes como acusados, en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sobre las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad financiados con cargo a los fondos autonómicos.

Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, ha optado por responder sólo a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, que reclama para él 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa; a cuenta del modo en el que fueron concedidas ayudas autonómicas por valor de más de 3,2 millones de euros a la citada empresa.

Durante su comparecencia, Agustín Barberá ha asegurado que como consejero, no tuvo “ningún contacto, información o relación” con las gestiones implícitas en las ayudas concedidas a Acyco.

Así, ha negado cualquier conocimiento del protocolo firmado entre el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también acusado en esta causa y recientemente fallecido, y Encarnación Poto, también acusada, en nombre de Acyco, respecto al ERE promovido por la empresa en 2003 para extinguir 35 puestos de empleos mediante prejubilaciones en condiciones “muy favorables”, según un responsable de la empresa también acusado, con cargo a la Junta de Andalucía.

También ha negado “absolutamente” cualquier papel en el convenio firmado al respecto en 2004 por Francisco Javier Guerrero con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), un documento posterior al ERE promovido por Acyco en 2003, exponiendo igualmente que “en modo alguno” conocía la inclusión adicional de dos personas ajenas a Acyco en las prejubilaciones acordadas en el mencionado despido colectivo.

En ese sentido, ha alegado que las direcciones generales de la Consejería de Empleo eran los “órganos de gestión” de las subvenciones financiadas con cargo al programa 31L de los presupuestos autonómicos y que la Viceconsejería “no se encarga de la tramitación” de las ayudas. Es más, ha asegurado que las sesiones de los consejos de dirección de la Consejería de Empleo tenían un carácter de “coordinación” y en dichas reuniones, “no se entraba al detalle” de la gestión. Así, ha asegurado que Guerrero “en absoluto” le informaba de las ayudas individuales.

También ha negado haber conocido la factura elevada a la Junta de Andalucía por la asociación 3 de Julio de trabajadores de Acyco por los 210.000 euros anticipados para las pólizas de las prejubilaciones del ERE o que durante su etapa como viceconsejero supiese de la reclamación judicial promovida por la firma Garrigues contra Acyco en demanda de los honorarios correspondientes a sus servicios en el ERE de 2003. Después de que Acyco trasladase ese pago a la Junta, Barberá ha opinado que a su entender, no correspondía que la Junta sufragase tal concepto por no coincidir con el objeto del programa presupuestario 31L.

En ese sentido, en este juicio también figura como acusado el abogado José Miguel Caballero, quien por aquella época trabajaba para la citada firma y quien habría propuesto a Acyco el ERE de 2003, según el testimonio del que fuera director de Recursos Humanos y también acusado, Gabriel Barrero.

En cuanto a los “famosos vistos buenos” de las órdenes de pago, ha alegado que se trataba de un acto destinado a detallar el cargo de quien los realizaba, pero no implicaban una “comprobación material de la veracidad” de los pagos porque no estaban acompañados de expedientes o documentos acreditativos. En ese marco, ha asegurado que como viceconsejero, él no firmó “ninguna orden de pago” y sólo firmó un visto bueno, reducido a una “comunicación” a IDEA.

Después ha prestado declaración el director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2008 y 2010 Juan Márquez, quien ha asegurado que tras suceder a Guerrero en el cargo, él no emitió órdenes de pago con relación a las prejubilaciones del ERE de Acyco, admitiendo que tuvo conocimiento de los diversos “compromisos” de su antecesor en el puesto y del asunto de la “minuta” de Garrigues. Sobre ello, ha asumido la decisión de no pagar aquel “compromiso” de Guerrero, entendiendo que dicho coste no correspondía a la Administración andaluza.

Respecto a la ayuda de 125.000 euros solicitada en 2009 por Acyco para contrataciones adicionales, cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues, según el que fuera director de Recursos Humanos de Acyco y además acusado, Gabriel Barrero, Márquez ha declarado que esa petición de ayuda estaba fuera de lo “usual”.

En cualquier caso, ha relatado que tenía “confianza ciega” en su equipo y su papel en esa ayuda se limitó a “firmar” la resolución concediendo la ayuda, sin llegar a ver si quiera el “documento entero”. Según ha insistido, era la que fuera asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, incorporada por él mismo al departamento, quien redactaba las resoluciones de las ayudas.

Del mismo modo, ha negado cualquier conocimiento de la inclusión de dos “intrusos” entre las prejubilaciones del ERE de Acyco de 2003, defendiendo que durante su etapa fue implementado un “procedimiento que daba todas las garantías posibles” al mecanismo de concesión de ayudas.

Daniel Alberto Rivera, director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2010 y 2012, ha admitido preguntas de todas las partes y rememorado de su lado que tras desembarcar en el cargo, los “déficit” detectados en los expedientes relacionados con la concesión de ayudas llevaron a una revisión de casos como el de las subvenciones otorgadas a Acyco, siendo “advertido” además que entre las prejubilaciones del ERE de esta empresa figuraban dos personas ajenas a la misma y la propia Encarnación Poto pese a ser aún “administradora” de la entidad y cobrar por ello. Por eso, según ha dicho, fue iniciado un proceso para reclamarles “las cantidades devengadas”.

Rivera ha admitido que en 2010 ordenó el pago del primer plazo del 75 por ciento de la ayuda solicitada en 2009 por Acyco y tramitada en la etapa de Márquez, negando que entonces sospechase del “destino final” de dicha subvención, sobre todo porque Rofa no le “advirtió” de nada.

Ni Rofa ni los funcionarios, según ha dicho, le trasladaron nada de que la ayuda estuviese “vinculada a una minuta”. Al respecto, ha alegado que al no ser debidamente justificado el gasto del 75 por ciento de la ayuda que comprendía el primer plazo de la misma, no autorizó el pago del segundo e inició la "revisión del conjunto de toda esa subvención.

En ese contexto, ha rememorado que en noviembre de 2010, tras ser descubiertos los dos “intrusos” y estaba en marcha una “investigación interna”, Rofa fue “apartada” de la sede de la Dirección General de Trabajo y trasladada a Huelva, por “absoluta pérdida de confianza”, pues habría acometido “un barrido de toda la información del sistema” informático de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

Finalmente, ha lamentado la acusación “sorpresiva” de la Junta de Andalucía respecto a un presunto delito de asociación ilícita, porque figura como “encartado” por unos hechos y unas personas con las que, a su entender, no está “conectado”.