El Algarrobico, un derribo compartido con «flecos judiciales»

Tal y como anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, el Gobierno andaluz tiene la firme intención de derribar el hotel el Algarrobico tras casi 15 años de pleitos. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, detalló, tras la reunión del Consejo de Gobierno, los pasos que va a dar la Administración autonómica para hacer realidad esta promesa, dejando claro que el objetivo es «ir de la mano» con el Gobierno central, en virtud del acuerdo firmado en 2011.

Según Crespo, se pretende recuperar la playa donde actualmente está ubicado el hotel, y para ello los Presupuestos de 2021 incluirán partidas para proceder a la demolición. Concretamente, serán dos, una para el proyecto de restauración paisajística y medioambiental y otra para iniciar el retracto, ya que si no se ejerce este derecho «nadie puede demoler». Todo ello a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que eleva al nivel C1 el nivel ambiental de la zona.

«Queremos ir de la mano, coordinados, con el Gobierno y ojalá el año que viene tengamos puesta una fecha de demolición porque estamos convencidos de que es lo que quiere la sociedad y medioambientalmente es importantísima la recuperación del paraje y la normalidad en esa playa», remarcó, no sin antes admitir la existencia de «flecos judiciales» que obligan al Gobierno andaluz a «que nos pille con los deberes hechos y podamos seguir adelante con este deseo».

La Junta quiere que tanto la Administración central como la autonómica aborden este asunto, un ofrecimiento «alejado del postureo» bajo el paraguas de una comisión mixta que no se reúne desde 2018.

De esta manera, se acudirá a la vía civil «sin olvidar el diálogo con el propietario», Azata del Sol. Según Crespo, «buscamos fórmulas para ayudar a acometer los trabajos de derribo, retirada de escombros, de residuos, su valorización y de reparación de suelo», al tiempo que detalló, a instancia de los servicios jurídicos de la Administración, que se van a hacer «actuaciones ante el Registro de la Propiedad y el Catastro para dar cumplimiento a lo impuesto por el Tribunal Supremo, y acatar y hacer valer las decisiones judiciales».

Tras señalar que la situación del Algarrobico es una «aberración medioambiental», la consejera aseguró que «hemos trabajado en la búsqueda de soluciones y de previsiones presupuestarias para cumplir y ejercer el retracto para recuperar con todas las garantías las fincas y el edificio». Una vez se ejecute el derecho de retracto «no habrá vuelta atrás», aludiendo a otros flecos judiciales pendientes que pasan por los procesos por responsabilidad patrimonial a instancias de la promotora ante la Audiencia Nacional y que no se han sustanciado.