Moreno pide coordinación y recalca la preferencia por un ente independiente para las ayudas de la UE

La ruta está marcada para el pistoletazo de salida para los fondos Covid. Andalucía pretende colocarse en la «pole» para optar a la mayor cuantía posible. Para ello, defiende sus iniciativas y las condiciones previas de la UE. «Andalucía está preparada para proponer proyectos que se puedan financiar con este mecanismo e incentivar así la economía. Confío en que el reparto se ajuste a los criterios que Europa defiende», señaló Juanma Moreno, que participó de forma telemática en la Conferencia de Presidentes, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como testigo de excepción. La petición de partida de Moreno no es baladí: Andalucía reclama 23.000 de los 72.000 millones en base a estos parámetros europeos. Sánchez, no obstante, aclaró que España no renuncia a los 140.000 millones de los fondos europeos aunque prioricen 72.000 de transferencias. El presidente andaluz defendió el mandato recibido por el Parlamento, con el voto en contra del PSOE-A –que argumentó que Moreno «desconoce» el sistema de programas de la UE–, tras el Debate del Estado de la Comunidad, de solicitar el 32% de los fondos para la región.

El Gobierno de Andalucía comparte, señaló Moreno, «la filosofía de la Comisión Europea sobre el protagonismo de las regiones en el proceso de recuperación frente a la pandemia». Para la Junta era «vital conocer con más detalle el alcance de nuestra participación en estos fondos e información precisa sobre los recursos disponibles y los plazos para la financiación de proyectos». El presidente andaluz recordó que «la coordinación entre administraciones es básica» y mostró su malestar porque «hubiéramos deseado que la coordinación y gestión de estos fondos europeos hubiera recaído en un organismo independiente creado para tal fin». «Confiamos en que la Oficina de Presidencia del Gobierno tome todas sus decisiones con objetividad y transparencia», añadió.

Moreno pidió celeridad y certidumbres. «Aún no tenemos los reglamentos que determinan la elegibilidad de los proyectos. Es imprescindible su pronta aprobación. Sería bueno que el Gobierno de la Nación pusiera en marcha ya las vías activas de coordinación y cooperación para trabajar con las CC AA, que se anunciaron el 31 de julio», criticó. «Y urgente es fijar los criterios de distribución territorial en la aplicación de los fondos “Next Generation UE”. Somos muy conscientes de que no estamos ante una transferencia financiera directa, como en otras ocasiones de la historia de la UE. Los fondos van asignados a proyectos. Pero los proyectos se desarrollan sobre un territorio, y tienen efectos directos sobre las poblaciones y las condiciones socioeconómicas presentes y futuras. Entendemos que los criterios y parámetros reconocidos por la propia UE (población, empleo y renta) han de guiar también la asignación de proyectos en los niveles regionales», defendió.

«Los criterios de distribución de los proyectos en los territorios en España, entendemos que no pueden ir contra los criterios de la UE. Sino acompañarlos y profundizarlos. Esos criterios, en Andalucía, se traducirían en 23.000 millones de financiación europea para la recuperación. Ya sean proyectos impulsados por la Administración autonómica, por la Administración General del Estado, por las entidades locales o por la iniciativa privada», indicó.

«Desde el Gobierno andaluz tenemos capacidad para presentar y ejecutar proyectos solventes y de calidad acordes a las siete áreas estratégicas trazadas por la Comisión Europea. Entre ellas, y muy vinculados a nuestro compromiso medioambiental, las que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Tenemos ya un Banco de Proyectos susceptibles de ser financiados por el instrumento “Next Generation UE”. Tenemos ya una estrategia de gobernanza para la selección de proyectos de inversión; y reformas para la reactivación y transformación económica de Andalucía. Dando cabida a la colaboración con el sector privado», expuso Moreno.

«Las corporaciones locales han de tener un importante papel en la gestión de estos fondos como administración más cercana al ciudadano», añadió. «Es una ocasión para emprender reformas, para planificar rápido y bien», dijo. «Debemos adaptar nuestra legislación introduciendo instrumentos de flexibilidad» pero «sin merma del necesario control», zanjó.