Acusan a Emasesa de «ser conocedora» de vertidos tóxicos al Guadalquivir ligados a Doñana

Tienen un pasado común que los aglutina. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga a ocho ex altos cargos del Gobierno andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla y de tres instalaciones de depuraciónpor vertidos de aguas residuales contaminantes al río Guadalquivir entre 2013 y 2017. Todoen una zona protegida, ya que entraba en escena el espacio natural de Doñana, y tras una denuncia que Ecologistas en Acción armó en 2017. Entre los señalados se encuentra la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla D. B. y el ex secretario general de esa área en la misma provincia S. C., a quienes representa procesalmente el actual Ejecutivo regional de PP y Cs, según se refleja en una providencia, fechada el pasado 5 de octubre, consultada por LA RAZÓN y en la que se recoge la personación de la letrada de la Administración autonómica.

Emasesa, la empresa que gestiona las depuradoras y cuyo accionista mayoritario es el ayuntamiento de la capital hispalense, presentó un recurso contra el auto en el que se decidió tirar hacia adelante con la investigación y los ecologistas han movido ficha con otro recurso. Explican en su escrito, al que tuvo acceso este periódico, que la entidad defiende que las infraestructuras hidráulicas de depuración de las EDAR Copero, Tablada y San Jerónimo, las afectadas, «fueron ejecutadas según las exigencias normativas de la época», que precisaban de un montaje que hiciera posible un «tratamiento secundario» que habría «funcionado correctamente» y, sólo tras lo que llaman una «evolución normativa confusa», se recomendó una reducción de los niveles de fósforo y nitrógeno al declararse sensibles algunas superficies. A ello añaden que la competencia respecto a la planificación, proyección, ejecución y financiación de esos elementos corresponde a la Junta y, aún así, Emasesa «ha hecho todo lo que estaba en su mano para mejorar la depuración». Califica a los investigados de su ámbito de «simples jefes de supervisión de las EDAR» que «nada podían hacer respecto a las obras que correspondían», insisten, al Ejecutivo regional. Los conservacionistas contra argumentan con que el proceso judicial se encuentra en fase de instrucción y quedan numerosas diligencias que practicar, por lo que «no puede el juzgado acordar el sobreseimiento libre de ninguno» de los imputados hasta que no se haga.

Es más, creen que, con lo manifestado en su recurso no se puede «eximir de responsabilidad» a ninguno, aunque se pretenda ahora «infravalorar» sus cargos. Y, sobre todo, consideran que el hecho de mantener que Emasesa, «por su política ambiental», estaba «tomando medidas para reducir el fósforo a los porcentajes requeridos», lo único que evidencia es que «la entidad y sus responsables eran conocedores de los niveles tóxicos de los vertidos y del deficiente tratamiento que venían aplicando», habiendo podido tomar medidas mucho antes. Por todo ello, Ecologistas se opone al archivo demandado y pide al juzgado que confirme el auto impugnado «en todos sus términos».