«Puertas falsas al empleo público» con una propuesta de Adelante Andalucía

CSIF denuncia el procedimiento mediante Proposición de Ley por parte del Parlamento para la readmisión de 73 trabajadoras de empresas privadas que fueron despedidas en septiembre de 2019. «Marca el camino a la Administración Pública, cuando ésta dispone de la normativa correspondiente en materia de despido, sin que el Parlamento abra puertas traseras al acceso del empleo público», señala CSIF. La Proposición de Ley fue promovida en primera instancia por el grupo Adelante Andalucía y posteriomente firmada por todos los grupos parlamentarios.

El sindicato explicó a LA RAZÓN que la problemática «surge cuando la Consejería de Educación a instancias de la Intervención económica y su gabinete jurídico, mediante informes, le exponen que ya no se puede licitar de nuevo a la empresa privada la renovación de cinco escuelas infantiles (0-3 años)». Tras ello, se «insta a que las cinco escuelas infantiles, con 73 trabajadoras, pasen a gestión directa por personal laboral al amparo del VI Convenio Colectivo de la Junta». La justificación de esta medida radica en la necesidad de ejecutar un número aproximado entre 12 y 14 sentencias que fallan a favor de los trabajadoras y declaran su despido como improcedente, por tanto les permite optar por mantener el despido con la correspondiente indemnización o como ocurre en este caso por la readmisión. CSIF entiende que «se rompe el principio de igualdad, ya que la Administración no readmite y recurre cualquier Sentencia de despido improcedente, dando un trato de favor a este colectivo»

En junio de 2019, explicó CSIF, en Subcomisión de Convenio de la Consejería de Educación y Deporte «ya se determina que serán gestionadas de forma directa y por personal nombrado desde las diferentes bolsas de contratación de Administración Pública», con «la consiguiente publicación y aprobación de la relación de puestos de trabajo (actualmente 102 puestos)». Las escuelas infantiles son: Mediterráneo (Almería), Rocío Jurado (Chipiona), La Atunara (Línea de la Concepción), El Faro (Torrox) y Andaluna (Sevilla).

Posteriormente a estos hechos, explicó el sindicato, «las trabajadoras de la privada y llevadas de la mano por el grupo Parlamentario Adelante Andalucía y CC OO, sacan primero la proposición no de ley y ahora elevándola a proposición de ley con una única lectura, que probablemente se lleve a sesión parlamentaria el próximo 4 de noviembre». En resumen, según la Proposición de Ley, «el Parlamento le marca el camino que ha de seguir la Administración andaluza», en concreto a la Consejería de Educación y la Función Pública. En otras cosas, expone que ha de ser obligatoria la readmisión con la característica de plazas a extinguir. CSIF explica que «al darle esta peculiaridad, sus plazas quedan blindadas a procesos como el acceso, traslados o promoción». Por tanto, «nunca podrán ser ofertadas» y «serían empleados públicos como indefinidos no fijos hasta su jubilación». CSIF entiende «que esto es una injerencia del poder legislativo en las decisiones que pueda optar la Administración Educativa».

La propia administración ante casos de demanda de los trabajadores despedidos y ganadas en primera instancia recurre y después indemniza, señala el sindicato. Por lo que como cualquier empresa, en este caso la Junta de Andalucía, tiene la posibilidad de readmitir o indemnizar al trabajador, según la normativa de Trevep, el Estatuto de los Trabajadores o el VI Convenio Colectivo.

CSIF entiende en primer lugar que el Parlamento «promueve con esta proposición de ley la desigualdad, ya que para otros casos similares, se le indemniza al trabajado, sin dar la posibilidad de la readmisión». Se rompe, según denuncia el sindicato, «el principio de Igualdad que ha de regir para el acceso como empleado público». Además, añaden desde CSIF, se «pervierte el acceso a la Función Pública, abriendo puertas falsas como empleado público». «Por no decir la lesión que le hace a las ofertas de empleo público», ya que si entran todos los trabajadores con licitaciones con la Junta de Andalucía, resultaría insostenible.