Rofa acusa a Rivera de “coacciones” para autoinculparse de un “borrado” de datos y niega que supiese de los intrusos

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este miércoles el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Durante la sesión ha testificado María José Rofa, quien fuera asesora en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía con Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera como titulares de tal departamento -ambos acusados en este juicio-; y otrora investigada en piezas separadas de la macrocausa de los ERE a cuenta de dicho papel.

Rofa desembarcó en dicha responsabilidad de la mano de Juan Márquez, quien sucedió en la Dirección General de Trabajo al recientemente fallecido y también acusado en este juicio Francisco Javier Guerrero, y se mantuvo en el cargo durante los primeros compases de Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social, hasta que el mismo decidió apartarla.

Según el testimonio de Rivera como acusado en este juicio, decidió “apartar” a Rofa como asesora porque tras ser descubierta la figura de los “intrusos”, es decir personas que cobraban con cargo a las prejubilaciones de los ERE subvencionados sin haber trabajado para las empresas promotoras de los mismos, siendo orquestada una “investigación interna” en el departamento de Empleo; esta persona había acometido “un barrido de toda la información del sistema” informático de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

Al respecto, y en su declaración como testigo, Rofa ha asegurado que dentro del grupo de trabajo constituido por la Consejería de Empleo para aquella investigación interna en el plano documental, “no se borró absolutamente nada”, sino que como consecuencia de “un lapsus” en aquellos momentos de “tensión” y trabajo intenso, “los archivos recientes” tratados en la investigación fueron desplazados “de un sitio a otro”, pero “aparecieron”.

“No se borró nada”, ha defendido señalando que el sistema de informática y una de las funcionarias que trabajó con ella en dicho grupo constataron que “no se había perdido ningún archivo”. Es más, según ha asegurado, Rivera le habría “coaccionado” para que se autoinculpase de dicho “borrado” que ha negado insistentemente.

Además, ha negado que antes de comenzar dicha investigación interna en el seno de la Consejería de Empleo tuviese conocimiento de la figura de los intrusos, señalando que a la hora de tratar con la documentación correspondiente a los ERE incentivados con fondos autonómicos, no tenía ningún “mandato de verificación” respecto a las personas beneficiarias de las prejubilaciones incentivadas.