La Fiscalía pospone la reunión con los “alertadores de corrupción” por “problemas de agenda”

Los solicitantes lamentan “el cierre en falso” del encuentro y urgen a aplicar la Directiva europea que entienden que los protege

Un grupo de denunciantes protesta ante el Congreso de los DiputadosLa RazónLa Razón

La realidad puede derrumbarse en un soplido, como ha demostrado la Covid-19, y en otras ocasiones no llega a ser. Un grupo de 28 personas que se consideran “alertadores de corrupción”, de distintos puntos del país, entre ellos Andalucía, y ligados a casos como Gürtel, Acuamed o las irregularidades detectadas en los cursos de formación; pidieron una reunión a la Fiscalía General del Estado para abordar aspectos de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de quienes informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, como ya publicó LA RAZÓN. Ésta entró en vigor en diciembre de 2019 y buscan que se dicte una instrucción a las fiscalías que les permita reconocer y aplicar sus principios mientras se ultima el texto legislativo.

Desde el lado de la Fiscalía les propusieron dos fechas en las que se podría celebrar este mes el encuentro, telemático a causa del coronavirus, pero ahora los solicitantes denuncian “el cierre en falso” de la cita. Han recibido un nuevo mensaje en el que se les traslada que “por problemas de agenda” resulta “imposible” fijar una reunión con ellos, y los emplazan a reintentarlo “más adelante”.

Para los afectados “resulta incomprensible” que tengan que esperar la transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico nacional, “para detener las graves represalias” que, aseguran sufren desde hace años, “todos los ciudadanos españoles que en su día decidimos dar un paso al frente” e informar para “poner ante la Justicia” casos de “corrupción política, económica, sindical, urbanística, ambiental, etc”.

Lamentan que “el proceso legislativo para la Ley Integral de Protección a Alertadores de Corrupción” lleve “tres años estancado en el Congreso de los Diputados” y temen que “se siga dilatando en el tiempo”, cuando la Directiva europea “es de aplicación directa” en sus situaciones, aseguran.