El juez rechaza dar carpetazo a la investigación sobre los pagos en puticlubs con cargo a tarjetas de la Faffe

“La posible perpetración de delitos continuados de malversación y de falsedad documental”. Esto es lo que, según el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, se infiere de lo actuado en la causa en la que se investiga la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la ex Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta para el pago de los servicios en distintos locales de alterne de la comunidad, y en la que ha acordado desestimar la solicitud de sobreseimiento provisional planteada por las defensas del ex director técnico de la entidad Fernando Villén y la que fuera directora económica de la misma entre 2004 y 2011, Ana Valls. Es decir, la situación procesal de ambos, persiste.

En un auto, fechado ayer y distribuido hoy por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado sostiene que Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, habría llevado a cabo, “de manera continuada”, una “disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -el fomento y la financiación de actividades relacionadas con la formación a desempleados-”, y destinándolos a “abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía -tres, de las seis que tenía como director- contra las cuentas de la referida fundación”. El total gastado en “locales de prostitución” se ha fijado en “32.566 euros” que se habrían abonado “con cargo a los fondos de la Faffe”.

De acuerdo al relato judicial, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera, “idearon un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el investigado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe, constan asientos devolución de las citadas cantidades que no se corresponden con la realidad”. En relación a Valls, el instructor apunta en la resolución, consultada por LA RAZÓN, que “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita" del dinero público, "pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe para que” el investigado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquellos fondos”.

En definitiva, cree Vilaplana “suficientemente fundada la imputación formulada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas” y da vía libre a parte de las diligencias interesadas por la Fiscalía y las defensas al considerar que son “pertinentes” para decidir sobre la posible apertura de juicio oral. En concreto, acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que practique una serie de diligencias y al Gobierno andaluz a fin de que proceda a la transcripción de las declaraciones practicadas hasta la fecha en la causa. A ello suma la declaración testifical de un auditor de cuentas para el próximo 16 de diciembre.

Sin embargo, el juez deniega una petición formulada por la acusación popular ejercida por el PP-A: que declare como testigo del ex titular de Empleo de la Junta Antonio Fernández, al entender que “resulta improcedente en esta fase del proceso teniendo en cuenta que, en todo caso, dicha diligencia no resulta idónea ni necesaria a los fines de decidir sobre la apertura de juicio oral”. El ex consejero cesó en su cargo en el Ejecutivo regional el 22 de marzo de 2010, fecha en la que Villén podría haber desembolsado 14.737 euros en un puticlub, pero ello «no permite» para Vilaplana, «deducir» que Fernández «acompañase» al que fuera director técnico de la fundación aquel día.

Es más, el instructor matiza que, "aún cuando hubiese constancia -que no la hay en modo alguno-” de que Fernández u otra persona estuviese con el investigado entonces, “su declaración resultaría innecesaria, teniendo en cuenta que el investigado ha reconocido la realidad de los cargos y disposiciones realizadas con las tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe y lo irregular de dicho proceder”. Por lo tanto, "ningún dato de relevancia podría aportar dicho hipotético testigo para los fines de la presente instrucción jurisdiccional, dirigida exclusivamente a determinar la existencia de indicios de criminalidad en relación a la presunta perpetración” por parte de los dos investigados de los mencionados delitos, concluye.

Silencio en la comisión parlamentaria

De otro lado, Manuel Villén, el hermano del ex director de la Faffe, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante la comisión que investiga en el Parlamento autonómico el presunto uso irregular de las tarjetas de esa entidad. Ocupó el cargo de director de Administraciones Públicas de la extinta fundación y ha optado por el silencio para no “interferir” en la investigación judicial. En su caso, el juzgado sí acordó el sobreseimiento provisional de la causa, en la que también fue investigado.