El Tribunal Supremo se da por enterado del fallecimiento de Guerrero

La muerte el pasado 12 de octubre de Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo del Gobierno andaluz debido a una neumonía, supuso para muchos el arranque de un gajo central de la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta y presuntamente fraudulentos. Ahora el Tribunal Supremo (TS), donde ha acabado el caso después del juicio de la pieza política, se ha dado por enterado de su fallecimiento. En una diligencia de ordenación, fechada este 19 de noviembre a la que tuvo acceso LA RAZÓN, requiere al procurador del ex alto cargo autonómico para que aporte el certificado de defunción.

Le pide además que manifieste si «sus herederos van a continuar conforme el artículo 854 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Este punto de la mencionada norma permitiría a los aludidos personarse en lugar de Guerrero a efectos penales, esto es, podrían mantener el recurso de casación que ya se interpuso la representación procesal del ex director general; y civiles, lo que estaría ligado al pago de indemnizaciones, si se mantiene finalmente la condena que le impusieron. Aún no hay sentencia firme y habrá que esperar para saber en qué acaba el bloque político del «macroproceso».

En el recurso que ya se presentó en junio, Guerrero pidió al Alto Tribunal que lo absolviera al haberse llegado a «un fallo político», poblado de equivocaciones que enumeró, a partir de «las múltiples contradicciones, incoherencias y errores» que, según su relato, emanaron de la primera fase de instrucción, dirigida por la jueza Mercedes Alaya, y que condicionaron lo que vino después, como ya informó este periódico. Apuntó también a la Sala juzgadora, para sostener que se había perdido en un «mare magnum» político-jurídico, «en ocasiones, a la luz de la obcecación mostrada» por la Fiscalía, a la que atribuyó un «afán acusatorio inquisitorial»; y en otras por la de las acusaciones particulares, «principalmente» la del PP. Recalcó, en definitiva, que no se llegó a un pronunciamiento justo, como «se demanda de la jurisdicción penal», sino a uno «político» a partir de «argumentaciones concretas».