Inseguridad jurídica

El final del otoño es devastador para una economía que, pese a los datos tuneados, no esconde los cinco millones largos de parados ni el incremento exponencial de los cerrojazos empresariales, un veintiséis por ciento han subido las quiebras en noviembre con respecto a octubre, que ya fue espantoso. Para paliar la ruina, la única receta de María Jesús Montero es la exacción fiscal y ahora entienden en España por qué Andalucía, con ella como consejera del ramo, caminaba hace un decenio con paso firme hacia la bancarrota mientras el mantra de «darle una respuesta progresista a la crisis» envenenaba los sueños de la ciudadanía. El vuelco electoral de diciembre de 2018 nos habría puesto a salvo de estos financistas reos de las supersticiones zurdas, en teoría, pero al Pequeño Bonaparte de San Telmo le da cierto repelús parecerse a su compañera (¿?) Ayuso, quien ha recuperado para Madrid unas políticas liberales que no se ciñen, como piensan los socialdemócratas errados, a esa rebaja de impuestos que, con ser necesaria, resulta insuficiente si no sigue a la verdadera locomotora de la prosperidad: la seguridad jurídica. Así, transita por uno de sus meses decisivos la primera industria andaluza, casi la única, sin que los patronos puedan elaborar un plan de negocio a diez días vista siquiera ni, por ende, los trabajadores sepan cuántos jornales cobrarán el próximo mes o si se viene un despido ineluctable. Media docena de chupatintas ignaros sentados alrededor de un político que acabó a duras penas el bachillerato reescriben cada cuarto de hora las normativas para la hostelería mientras atestan las calles de policía con orden de escrutar la letra menuda para multar a gogó. Comité de expertos. Ja. Y a este descalzaperros resulta que lo llaman gobernar.