Información pública

El Ayuntamiento de Sevilla se salta la transparencia

El consejo regional, al que ignoró, lo obliga a facilitar datos ligados a una parcela municipal

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en una imagen de archivo
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en una imagen de archivoMaría José López / Europa PressEuropa Press

El telón de fondo era el cambio de calificación en el Plan General del Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla de la parcela que ocupaba la antigua comisaría de la Gavidia. El objetivo pasaba por combatirlo judicialmente y la «Plataforma por una Gavidia Pública» solicitó al ayuntamiento de la capital hispalense, que dirige el socialistaJuan Espadas, información sobre un amplio abanico de cuestiones como el número de hoteles, hostales o pisos turísticos que funcionan en la ciudad; las plazas de hospedaje que hay, en especial en el conocido como casco histórico; estadísticas sobre el número de habitantes por distrito o del de vehículos; así como documentación relativa a centros de educación, de día y de atención a la mujer. El consistorio optó por el silencio y la plataforma recurrió al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que se ha alineado con sus miembros.

En una resolución, consultada por LA RAZÓN, concluye que el Ayuntamiento de Sevilla deberá «proporcionar a los solicitantes» buena parte de los datos demandados, de naturaleza pública, aunque «habrá previamente de disociar» los que sean «de carácter personal» y, si no existiera «algún extremo de dicha información», el consistorio tendrá que «comunicar expresamente tal circunstancia a los reclamantes». Incluso pone fecha a sus movimientos, al darle de plazo máximo un mes, a contar a partir del día después de la notificación de la decisión del órgano de protección de la transparencia, para proporcionar respuestas. Y ello, después de que la corporación municipal que encabeza Espadas no sólo ignorara a la mencionada plataforma, sino también al propio consejo, como consta en la resolución que rubrica su director, Manuel Medina, al que no remitió el informe ni el expediente que le reclamaron el pasado 22 de septiembre.

«El acceso a la información es un verdadero derecho y la denegación o limitación del acceso es una excepción», recuerdan desde el consejo autonómico.