Crespo lamenta que el Gobierno «imponga» una tasa plana en la PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, informó al Consejo de Gobierno sobre el posicionamiento unánime de Andalucía respecto al Real Decreto de Transición de Ayudas Directas 2021-2022, cuyo perjuicio sobre los agricultores y ganaderos de la comunidad ha quedado recogido en un documento firmado por las organizaciones agrarias. En el mismo se demanda continuar aplicando el actual modelo de convergencia y se rechaza de manera contundente la decisión unilateral del Ministerio de acelerar el proceso actual, «rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC». Crespo lamentó que desde Madrid se trate de imponer una tasa plana «encubierta, a través de un proceso acelerado de convergencia».

Según explicó, el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aprobado por el Consejo de Ministros, no fue recibido por la Consejería hasta el pasado 20 de enero. Pese a que dicho proyecto fue sometido en septiembre de 2020 al correspondiente trámite de alegaciones, el texto mantiene «inalterada la convergencia acelerada y profunda» de los derechos de pago básico que ya incluía el primer borrador, sobre el que tanto el sector agrario como la propia Junta manifestaron su disconformidad, planteando alternativas que evitaran el perjuicio que se produciría a sus agricultores y ganaderos si llegara a aprobarse en esos términos.

De manera paralela a las deliberaciones europeas, se han iniciado los debates en España para definir el nuevo modelo de aplicación en el país. Estos debates continúan sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. Uno de los principales elementos en discusión es, precisamente, el sistema de derechos de ayudas y su convergencia futura. En este sentido, la consejera detalló que la propuesta de la Comisión contempla su continuidad y la aproximación progresiva de sus valores, sin que sea necesario alcanzar una convergencia plena. «Las recomendaciones de la Comisión indican simplemente que se siga avanzando en la aproximación», aseguró Crespo.

El retraso en los debates europeos ha obligado a demorar la entrada en vigor de la nueva PAC a 2023 y la aprobación de un período transitorio de dos años, cuyo reglamento permite a los Estados miembros mantener los derechos en su valor de 2020.

El modelo de convergencia gradual aplicado desde 2015 fue acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas, pero ahora «se plantea una convergencia acelerada, multiplicada por cuatro, y en la que se eliminan límites máximos a reducciones», advirtió.

Las reacciones a este Real Decreto no se hicieron esperar. El PP-A criticó que «será la puntilla para muchas explotaciones andaluzas» y que «sólo responde a la política de atraco a Andalucía para beneficiar a otras comunidades». Por su parte, Asaja lamentó que el Gobierno no haya tenido en cuenta las alegaciones presentadas, además de destacar la «premura» en su aprobación. En su opinión, para que las reformas resulten eficaces y de verdad contribuyan a lograr los objetivos previstos, «deben ser planificadas de forma que los principales actores conozcan de antemano los cambios».