La jueza del “caso Isofotón” niega a un encausado que los hechos ligados al reparto de 80 millones hayan prescrito

La empresa Isofotón devoró fondos públicos. Los ex gobiernos andaluces socialistas le asignaron entre avales, ayudas y préstamos, más de 80,4 millones desde 2005 a 2012, ligados a las entidades Soprea y agencia IDEA; a los hay que engarzar casi 2,5 procedentes del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y más fondos que le otorgó el Estado. Pese a ello, echó el cerrojazo. Años después se investiga el destino de buena parte de ese paquete, asociado a los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación. Ahora, la titular del juzgado de Instrucción número de 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dejado claro que se trata de un proceso de larga distancia. Uno de los encausados, Ángel Garijo, pidió el sobreseimiento y archivo de la causa, a lo que la jueza se ha negado, aunque le ha aceptado algún matiz.

En un auto, fechado el pasado 18 de enero y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Fernández expone que la defensa de Garijo planteó que en una resolución previa se “hizo constar” que “su imputación venía referida a su intervención como miembro del Consejo Rector” de IDEA en el momento en el que se destinó a Isofotón un aval en agosto de 2010, cuando el investigado “fue cesado como secretario general de Innovación” en julio del año anterior. La magistrada admite que “debe efectivamente corregirse” algo: que su encausamiento no es “por su intervención en el Consejo Rector de agosto de 2010, cuando ya no era miembro del mismo”, sino, como se le apuntó cuando fue interrogado como investigado el pasado diciembre, por su participación en la sesión de junio de 2007 de aquel consejo, en la que acordó dar a Isofotón “un incentivo directo a fondo perdido por importe de 19.318.975,44 euros” y una segunda ayuda a Silicio Energía -entidad vinculada a la anterior- por un valor de “23.783.000 euros” como “incentivo directo a fondo perdido”.

La instructora añade que, sin perjuicio de lo que pueda resultar de las indagaciones en curso, “resulta factible presumir” que Garijo debía de “ser conocedor de las circunstancias” en las que se aprobó la concesión de ayudas “al grupo de empresas del que formaban parte Isofotón y Silicio Energía por un importe de 43 millones”.

Para Fernández, “no puede obviarse la necesidad de analizar en conjunto y de forma global la totalidad de ayudas de las que fue objeto” el conglomerado empresarial, “pues necesariamente debía tenerse en cuenta” su “legalidad”, “viabilidad financiera” y “la estrategia de la inversión de fondos públicos que en cada caso se autorizaban”, sobre todo, a la vista “del resultado” de los incentivos previos. Mantiene la jueza en su auto, que no pueden “examinarse como compartimentos estancos” cada una de “las decisiones adoptadas”, cuando, en todo caso, “el destinatario fue la misma empresa o grupo” de éstas, “el abono fue con cargo al erario público” y “ni se obtuvo su reembolso ni se garantizó el buen fin de la inversión, en el sentido de evitar el cierre y liquidación de la empresa y la pérdida de puestos de trabajo”.

Fernández cree “prematura” la solicitud de archivo y entiende que tampoco procede admitir una “eventual prescripción de los hechos” relacionados con Garijo, “al sustentar la misma en la ausencia de perjuicio para las arcas de la Administración pública andaluza”, una alegación que, “a todas luces, no procede dar por cierta ni estimar en el estado actual de la presente instrucción”. En definitiva, dice “no” al carpetazo, en línea con lo demandado por la Fiscalía, que en un escrito advirtió al juzgado de que se han tomado decisiones en torno a los fondos que fueron a parar a Isofotón “cuanto menos con negligencia grave rayana en la intención”.