Así será la Oficina anticorrupción de Andalucía: multas de cien mil euros y mandatos únicos de cinco años

La futura Oficina contra el fraude y la corrupción dependerá orgánicamente del Parlamento de Andalucía, de modo que será un organismo externo de control de la Administración General de la Junta, sus entidades instrumentales e instituciones, además de ayuntamientos o adjudicatarios de contratos públicos. Entre sus cometidos estará velar por el correcto funcionamiento del Gobierno andaluz y atender las denuncias que pudieran producirse por parte de ciudadanos. El nombramiento de la persona que ocupe la dirección deberá ser aprobado por mayoría de tres cuartas partes o de mayoría absoluta en una segunda votación -en un plazo no inferior de 15 días-, según ha explicado este martes del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, tras anunciar la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción y de protección de la persona denunciante. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal, Marín ha recordado que el texto contempla multas de entre 300 y cien mil euros para quienes cometan en este último caso sanciones muy graves.

La Oficina añade un nuevo ente al ya grueso entramado de la Junta y su responsable deberá tener más de diez años de experiencia en la materia. Así lo ha aclarado Marín, que ha detallado que el cargo de máximo responsable será de un solo mandato por cinco años, para evitar la perpetuación en el puesto. “El Gobierno no puede controlar al Gobierno”, ha asegurado el vicepresidente para justificar que competencialmente se adscriba al Parlamento andaluz. “La corrupción ha sido un lastre para la comunidad. Ha supuesto un fraude cuantificado de seis mil millones de euros durante dos décadas”, ha lamentado al referirse a los procesos judiciales abiertos por el fraude en el uso de fondos públicos en anteriores gobiernos. En este sentido, ha recordado que “hay dos expresidentes condenados por la Justicia por delitos que tienen que ver con el fraude y la corrupción política y más de 500 altos cargos procesados por defraudar el dinero de los andaluces”. Marín ha criticado que las causas judiciales “nos han hecho un daño moral que no se puede cuantificar y que ha supuesto que durante años el nombre de Andalucía apareciera solo en titulares y tertulias unido a la corrupción”.

El texto incorpora varias disposiciones que modifican la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. No podrán desempeñar estos puestos personas encausadas judicialmente o condenadas por delitos relacionados con la corrupción u otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación. El también consejero de Justicia ha señalado que tampoco los altos cargos tampoco podrán ser titulares de cuentas o activos en paraísos fiscales, “como es lógico”.

La futura Oficina Anticorrupción tiene consignados 201.000 euros en el Presupuesto de 2021, según ha informado la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. En el proyecto de ley se fija un organigrama con al menos la dirección y dos subdirecciones: una competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador y otra en materia de medidas de protección de la persona denunciante, propuestas de prevención y recomendaciones de actuación.