La jueza del “caso Isofotón” reclama expedientes de acuerdos de gobiernos de Chaves y Griñán

Lejos de desvanecerse, en el ámbito del «caso Isofotón» se afilan las peticiones documentales. El juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha accedido a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado que se requiera a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía para que aporte expedientes de tramitación de acuerdos «adoptados en relación a los avales y préstamos concedidos a la empresa» malagueña que da nombre al proceso y que acabó quebrando y dejando a 700 trabajadores en la calle, pese al abultado apoyo financiero público que se le dio durante años cifrado en más de 80 millones de euros. La petición afecta a varios ex gobiernos socialistas y se busca el «completo esclarecimiento de las circunstancias de otorgamiento y el importe por el que finalmente» se asignaron esos incentivos a la compañía de energía fotovoltaica que quiso liderar ese mercado.

La titular del mencionado órgano judicial, Patricia Fernández, ha reclamado en concreto, vía providencia fechada ayer y a la que ha accedido LA RAZÓN, una hilera de acuerdos: el adoptado «en la sesión ordinaria del consejo de administración del Fondo de Desarrollo Empresarial de 29 mayo del 2012», o el que salió adelante en la reunión de «la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de fecha 3 de julio de 2012», que integraban en aquel momento, entre otras personas, la actual ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, y el titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ambos consejeros entonces. Sus nombres ya saltaron en los márgenes de la causa, a raíz de que el mismo juzgado demandara el acta de aquel encuentro de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por la que «se modificó la propuesta de inversión para la concesión» de un préstamo de casi 8,4 millones que le dio a Isofotón la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía (Soprea) de la Junta, como ya informó este periódico.

A lo expuesto, la instructora suma que quiere contar con los acuerdos a los que se llegó en la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras el 16 de febrero de 2011, el 7 y 8 de julio de 2010, el 24 de febrero de 2010 y el 21 de junio de 2007; así como los alcanzados en los Consejos de Gobierno del 1 de marzo de 2011, el 13 de julio de 2010, el 2 de marzo de 2010 y el 26 de junio de 2007. La exigencia de expedientes abarca así periodos de las presidencias de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, dado que el segundo sustituyó al primero a los mandos del Ejecutivo autonómico en abril de 2009, después de que Chaves dejara el cargo para asumir la Vicepresidencia tercera del Gobierno de la Nación y el Ministerio de Política Territorial en uno de los equipos que designó José Luis Rodríguez Zapatero.

Al margen de la solicitud que se cursará a la Junta, Fernández ha mandatado que se efectúe otra, vía oficio, a la entidad financiera Bankia, para que ésta aporte «toda la documentación, actuaciones, pagos, acciones de ejecución y cualesquiera otras circunstancias» relacionadas con «el aval otorgado a la agencia IDEA» del Ejecutivo regional, «con fecha 6 de noviembre de 2007», por una cuantía exacta de «6.761.641,40 euros», al entender que los investigados no han aclarado «de forma suficiente» lo relativo al mismo.