El Gobierno andaluz abona 33,4 millones a 804 beneficiarios de las pólizas de los ERE

Se concedieron ayudas de dos tipos, unas previas a la jubilación ordinaria y otras extraordinarias

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha dado los datos en una respuesta parlamentaria
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha dado los datos en una respuesta parlamentariaMaría José López

La Junta de Andalucía abona 33,43 millones de euros a los 804 extrabajadores incluidos en las pólizas de las ayudas sociolaborales asociadas a los trabajadores incluidos en los ERE (Expediente de Regulación de Empleo), según señala a una pregunta escrita del PSOE, publicada el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).

En la respuesta que rubrica la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, afirma sobre el gasto futuro asociado a las pólizas de los extrabajadores que la propia aseguradora “reconoce un saldo a favor de la Junta”, excedente que se sustenta en el hecho de que “se ha abonado más del coste real de la prima pendiente de financiar”.

La consejera de Empleo traslada en su respuesta, publicada en el BOPA de 23 de marzo y rubricada por ella con fecha de 23 de enero, sobre las primas pendientes de financiar de las pólizas pendientes de renovar que “cuando sean abordadas, una vez aplicados los requisitos del Decreto-ley, así como los correspondientes intereses de demora por la tardanza en la novación, podremos saber si hay algún importe pendiente de financiar, de ahí la imposibilidad de determinar una cuantía”.

Rocío Blanco argumenta en la respuesta, consultada por Europa Press, que cuando las pólizas son renovadas “han de ser objeto de control o seguimiento para verificar el destino efectivo de los fondos”, lo que supone comprobar “las vicisitudes de los beneficiarios”, esto es, supuestos como “jubilaciones anticipadas, fallecimientos, pago del Convenio Especial a la Seguridad Social”, por cuanto “tienen repercusión en el importe final de la prima”.

La consejera de Empleo señala que el marco legal de aplicación a las pólizas de los trabajadores incluidos en los ERE es el decreto-ley 4/2012, de protección sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis para regular las ayudas sociolaborales.

La consejera de Empleo recuerda que las ayudas contempladas son de dos tipos: las ayudas previas a la jubilación ordinaria y las ayudas extraordinarias. Mientras que las primeras consisten en “la financiación de la prima de los contratos de seguro colectivo de rentas bien en prestaciones económicas mensuales, hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria o situaciones asimiladas”, las ayudas extraordinarias suponen “una cuantía a tanto alzado y por una sola vez”.

Un informe de la Cámara de Cuentas

Un informe de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis del periodo 2001-2010 señalaba, a 30 de junio de 2011, un importe de pago pendiente a las aseguradoras de 421 millones de euros.

En el trabajo de la Cámara de Cuentas, que comprobó las vidas laborales de los beneficiarios incluidos en las pólizas de seguros para corroborar que cumplían los requisitos para ser beneficiarios, se encontró con una tipología que catalogó en cinco situaciones.

El organismo de fiscalización externa relató la existencia de beneficiarios no afectados por los procesos de reestructuración (121 casos); de beneficiarios que pertenecen al colectivo de trabajadores y presentan alguna irregularidad para poder disfrutar de la ayuda (189 casos); beneficiarios incluidos en pólizas específicas (8 personas y dos empresas); beneficiarios respecto de los que no se han podido comprobar los requisitos (623 casos); y otras situaciones (121 casos).

Según la información facilitada por la Consejería de Empleo, a fecha de 15 de mayo de 2012, el coste estimado del programa 31L en el periodo fiscalizado fue de 1.217 millones de euros.

En el informe se pone de manifiesto también el coste total de las pólizas analizadas y la parte de ese coste que asumió la Consejería de Empleo, de manera que habla de un coste de 1.112,67 millones de euros, de los cuales 990,71 millones los asume la Junta de Andalucía, el 89% del total.