No se ha impuesto ni una sanción en Andalucía por quebrantar la Ley de Memoria

«La experiencia de más de treinta años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía permite abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra memoria democrática», teniendo en cuenta que recuperarla «es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz». De esta forma arranca la exposición de motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática autonómica en cuyo nombre se ha alabado y criticado desde su aprobación en el Parlamento regional en marzo de 2017. Por ella se ha interesado la ahora diputada autonómica no adscrita, antes integrante del grupo de Vox, Luz Belinda Rodríguez. Planteó una batería de preguntas escritas para conocer cuántos expedientes habían sido tramitados por la Junta «por infracciones» de dicha norma desde su entrada en vigor, cuántos de ellos habían concluido «con la imposición de sanciones» y cuál era «el importe total» al que ascendían éstas.

Le ha respondido la consejera del Gobierno andaluz que tiene asignadas las competencias en esta materia, la titular de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, para transmitirle que, de acuerdo a la información que maneja su departamento, desde que se inició la vigencia de la ley «no se ha tramitado ningún expediente sancionador por infracción a esta ley» y, por tanto, «no se ha impuesto ninguna» multa, con lo que el balance dinerario es cero, según se puede comprobar en el número 539 del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), consultado por LA RAZÓN.

En otra contestación incrustada en el mencionado documento y relativa a la misma materia, Del Pozo alude a un Comité Técnico de Coordinación, para explicar que se trata del «órgano colegiado al que la normativa reguladora» en torno a la cual gira la memoria histórica y democrática «tiene encomendada, entre otras funciones», la de hacerle «propuestas» para «llevar a cabo exhumaciones en el territorio de la comunidad autónoma». Y añade, esta vez a interrogantes armados por los diputados socialistas Francisco Javier Fernández y María Teresa Jiménez, que «con el fin de planificar los trabajos a desarrollar en 2021», el 26 de noviembre del pasado año «se celebró una reunión» de ese ente en la que se acordaron «una serie de directrices sobre la prioridad de fosas a exhumar».

La consejera ha defendido en relación a esta ley que «todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos y sus familiares para darles una digna sepultura», lo que, a su juicio, es «una cuestión de humanidad» más que de política, aunque lo cierto es que el asunto de la memoria histórica alberga en su centro una pulsión de polémica para algunos. Esas críticas al margen, ya el plan anual para 2020, que fue aprobado por el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, marcó como líneas estratégicas fundamentales, entre otras, el favorecer la cooperación y la coordinación con el resto de administraciones públicas, la realización de acciones de reparación de las víctimas, en especial mediante las exhumaciones de los restos que se hallen en fosas, o impulsar el reconocimiento de Lugares de Memoria Democrática, según detalló la consejería.