Mercasevilla: el hilo de los ERE y el principio del fin de la inocencia

«La Junta colabora con los que colaboran», se oía en la grabación que fue origen del caso

La jueza Mercedes Alaya
La jueza Mercedes Alaya

El 31 de marzo de 2009 comenzó a cambiar la historia política de Andalucía. En Sevilla, el tema recurrente de la actualidad eran las molestias de la multitud de obras del entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. De golpe –aunque hubo estertores previos como el «caso Macarena» con facturas falsas en el distrito hispalense–, una trama de sobornos por parte de cargos del PSOE ponía frente al espejo de la opinión pública una red clientelar tejida a lo largo de una década de gobiernos socialistas en la Junta. El «caso Mercasevilla» desembocó en la causa de los ERE. En 2012, el PSOE perdió las elecciones por primera vez pero los 50 escaños de Arenas no fueron suficientes para apear a José Antonio Griñán de San Telmo, quien tuvo la astucia política, en contra del aparato de Ferraz, de colocar las elecciones autonómicas varios meses después de las generales en las que arrasó Rajoy y de presentarse como garante de los servicios públicos ante los ajustes incipientes. Un pacto con IU salvó la Junta para los socialistas. Pero el PSOE-A ya estaba sentenciado.

La primavera de 2009 supuso el fin de la inocencia del electorado andaluz. La grabación de los empresarios del Grupo La Raza provocó un vuelco. Dos altos cargos de Mercasevilla les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería en los terrenos del mercado central hispalense. En el audio, Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguraban que el dinero no era para ellos, sino para «niños saharauis y carteles de Felipe González». «La Junta colabora con los que colaboran». Así se descubrió el origen de lo que después sería el mayor fraude de la historia democrática de Andalucía.

El ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet / Foto: Manuel Olmedo

La grabación cayó en manos de la jueza Mercedes Alaya. Tirando del hilo, imputó al delegado de Empleo, Antonio Rivas. De esta investigación, surgieron diversas subtramas, una por la compra fraudulenta de terrenos y otra por la existencia de ERE irregulares en Mercasevilla. Como no parecía casual que sólo hubiera intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo del Merca, se indaga en otras empresas. Efectivamente, lo de colar a personas que, en muchos casos, ni siquiera habían trabajado en determinadas empresas era un patrón. Estos intrusos, generalmente, eran del círculo del PSOE y/o familiares de altos cargos o hasta los mismos altos cargos. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández aparecía en uno desde el día en que nació. El nombre de Antonio Rivas, delegado de Empleo en Sevilla, es recurrente en todas las investigaciones; pero más aún el del hombre que otorgaba las ayudas, el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, sobre todo a raíz de unas declaraciones en las que habló de lo que llamaba el «fondo de reptiles», unas partidas específicas para lograr la «paz social» y conceder ayudas discrecionalmente. Guerrero, que falleció recientemente, habló de la existencia de un fondo de 647 millones destinados para empresas en dificultades. Según aparecieron las irregularidades, la propia Junta trató de ofrecer la imagen de que se ponía al frente de la investigación. Los ERE se concedían mediante organismos autónomos, como el IFA, después IDEA. Sin controles legales, como la publicación en el Boletín Oficial de la Junta. Pese a todo, había informes de la Intervención General alertando de irregularidades.

El ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas

La trama nació con Chaves en la presidencia de la Junta y bajo su mandato se concedieron la mayoría de ERE. Él aseguró que no conocía a Guerrero. Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención General puso en duda el procedimiento de las ayudas. José Antonio Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004; fue quien ideó el convenio del IFA. Antonio Fernández le sucedió como consejero. Guerrero aseguró a la jueza Alaya –portada principal de los periódicos desde entonces hasta el juicio del procedimiento específico por el que resultaron condenados, entre otros, Chaves y Griñán– que ninguno de sus superiores estuvieron ajenos al procedimiento. La jueza Alaya comenzó investigando a los intrusos –«las criaturitas» a las que ayudaban, según Guerrero-, que condujeron a una trama en beneficio del círculo socialista.

El banquillo de los ERE: los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves (4d) y José Antonio Griñán (3d), junto al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías (2d) y el exconsejero de Trabajo José Antonio Viera (d) / Efe

La Junta del PSOE culpó al ex director que gestionó el «fondo de reptiles» durante casi una década, defendiendo que el fraude fue cosa de «cuatro o cinco golfos». Los cuatro golfos se convirtieron en decenas de imputados y después vinieron más casos como Invercaria, aún abierto. La punta del iceberg escondía una pirámide descomunal, al punto de ponerse en entredicho todo el funcionamiento de la Junta. ¿Era la arbitrariedad la práctica habitual de la Administración andaluza? A falta del recurso en el Supremo, la última palabra de la Justicia es que sí. La Fiscalía, de momento, sostiene que es imposible que Chaves viviera en un «limbo» y ve muy complicado que Griñán fuera ajeno.

En el «caso Mercasevilla» Fernando Mellet fue condenado a dos años de prisión más otros seis de inhabilitación y el pago de una multa de 16.412,12 euros en el juicio del delito societario. La causa de «las mordidas» se saldó con 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa. En la sentencia se señaló que el entonces delegado de Empleo Antonio Rivas «ideó» el intento de soborno. El Supremo, no obstante, acabó absolviendo al ex delegado de Empleo de Sevilla. A la venta de suelos se le dio carpetazo previamente y los acusados, como el ex primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, solicitaron una indemnización por el agravio y que sea a cargo de la propia jueza Alaya. El Poder Judicial apreció un «funcionamiento anormal» de la Justicia en la instrucción por las «dilaciones indebidas» durante su investigación, que se inició en 2009 y terminó en 2017 con una sentencia absolutoria para los diez procesados.

En la imagen, Antonio Rodrigo Torrijos, durante el juicio FOTO: Manuel Olmedo Manuel Olmedo