El juez deja fuera al diputado socialista Losada de la causa de los vertidos al Guadalquivir, pero no descarta el delito ambiental

Vilaplana pide que se amplíe un informe pericial y documentación a la Consejería de Agricultura

Imagen de la EDAR de San Jerónimo, una de las afectadas por la investigación judicial
Imagen de la EDAR de San Jerónimo, una de las afectadas por la investigación judicial FOTO: La Razón

Ya están fuera del avispero. Lo había pedido la Fiscalía y el juez José Ignacio Vilaplana ha acordado el archivo de las actuaciones respecto a cinco empresas y ocho personas, entre las que se encuentran el diputado del PSOE en el Congreso y ex delegado de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla, José Losada, o su antecesora en ese último cargo Dolores Bravo, en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas a las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) de Tablada, Copero y San Jerónimo, gestionadas por la Empresa Metropolitana de Abastecimiento de Aguas de Sevilla S. A. (Emasesa). El magistrado considera que “no hay motivos suficientes” para atribuirles “como autores o partícipes” la comisión de los delitos contra el medio ambiente que se analizan en el proceso y así lo ha expresado en un auto fechado el pasado 25 de marzo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Con todo, en esa misma resolución, el instructor sostiene que “de las diligencias hasta la fecha practicadas” se han obtenido indicios de que, “en las tres estaciones depuradoras mencionadas, los agentes y sustancias contaminantes podrían afectar gravemente al medio receptor de los correspondientes vertidos de aguas residuales, ocasionando así un potencial perjuicio a las aguas públicas (dominio público hidráulico) declaradas zonas sensibles y, por tanto, de especial protección medioambiental, dada la posibilidad de afectar gravemente a la calidad de las aguas de los ríos -entre ellos al Guadalquivir-, especialmente, por el vertido incontrolado de fósforo y nitrógeno totales, con grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales”. Es más, Vilaplana entiende que “resulta pertinente y necesaria la ampliación de la diligencia técnicopericial realizada por el perito Rafael Marín”, jefe de Control de Calidad y Medio Ambiente de Emacsa, y mandata que se le libre oficio para que extienda su informe del año pasado e incluya “la descripción de las consecuencias medioambientales que podría haber tenido y tendría la superación de los niveles de nitrógeno en los vertidos de las EDAR de Copero, Tablada y San Jerónimo” y si éstos podrían suponer “daños sustanciales a la calidad del medio receptor, perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales” o “crear un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas”.

Junto a lo mencionado, el juez pide a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta que remite al juzgado “a la mayor brevedad posible” una hilera de documentación. Para empezar solicita una “copia auténtica de los expedientes de aprobación y ejecución de los proyectos de adaptación/infraestructuras” de las tres EDAR señaladas vinculados al “Convenio de colaboración para la renovación, modernización y transformación de las infraestructuras de tratamiento y depuración de aguas residuales de Sevilla”, de septiembre de 2020, “con indicación, descripción y cuantificación económica de la parte” cuya ejecución “pudiera, en su caso, corresponder a Emasesa”. Además, reclama el “organigrama de la consejería”, con sus sucesivas denominaciones, “desde julio de 2010 hasta septiembre de 2020″, y con el apunte de “los cargos directivos”, sin obviar los “organismos adscritos y órganos colegiados con competencias en materia de protección del medio ambiente”. Vilaplana pretende también que le hagan llegar la “identificación de las personas que han sido titulares de cada uno de dichos” puestos y “el periodo de tiempo en el desempeño de los mismos”; así como la “normativa de organización interna y estructura orgánica” del departamento durante la etapa fijada. Esta causa judicial comenzó a ovillarse a partir de una denuncia presentada por la organización Ecologistas en Acción.