Ana Chocano: «La Junta de Andalucía y los consistorios han equilibrado la bajada de inversión del Gobierno»

La presidenta de Ceacop lamenta que “en diez años no se ha construido prácticamente vivienda” en la comunidad autónoma

La presidenta de Ceacop, Ana Chocano
La presidenta de Ceacop, Ana Chocano FOTO: Kiko Hurtado La Razón

La construcción no está siendo especialmente azotada por la pandemia y su vigor resulta clave en la economía andaluza. Ana Chocano, reelegida presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), analiza el horizonte del sector.

¿Cómo es la salud de las empresas constructoras tras un duro año marcado por la pandemia?

Afortunadamente, nuestro sector no ha sido de los más perjudicados por la covid. Nuestras producciones han bajado, al igual que nuestros rendimientos en la ejecución de las obras, pero hemos conseguido mantener la actividad. Sí es verdad que hemos tenido que tomar una serie de medidas adicionales para proteger la salud de nuestros trabajadores frente a los contagios. Sin embargo, hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando. Eso, en comparación con el resto de sectores de la economía, ya es un avance.

Las cifras de desempleo no han afectado demasiado.

Al poder mantener la actividad, hemos sido capaces de proteger lo que teníamos e incluso incorporar algunos trabajadores más. Las empresas que integran Ceacop están más enfocadas a las infraestructuras y a la obra pública y dependen de los presupuestos que destinen las administraciones. Si destinan recursos, somos capaces de movilizarlos y rentabilizarlos no sólo en lo que construimos, sino en la creación de empleo, que en la situación actual de nuestra región es muy importante.

¿Todas las administraciones han reducido su inversión en obra pública?

El año pasado, las administraciones invirtieron en Andalucía 1.723 millones de euros, que supone un descenso del 14 por ciento respecto a 2019. Tiene lógica por la situación de pandemia y durante varias semanas se paralizó totalmente la licitación de infraestructuras en todo el país. El Gobierno central disminuyó especialmente los recursos. En Andalucía adjudicó 289 millones de euros. Los consistorios y la Junta sí aumentaron las inversiones, alcanzando casi los 640 millones de euros. Han equilibrado el brusco descenso del Gobierno central, que disminuyó la inversión en más del 60 por ciento.

¿Son cifras alarmantes o el sector las puede soportar?

Estimamos que para mantener 225.000 empleos en la construcción necesitaríamos una cifra de inversión de 2.800 millones de euros por parte de todas las administraciones. Nos hemos quedado en 1.723. Todavía estamos muy lejos. Con una cifra por debajo de los 800 millones de euros por parte del Gobierno central, que al final es el que tiene la responsabilidad de la inversión en infraestructuras grandes, es difícil que esa cifra pueda subir.

Recientemente reclamó un plan de infraestructuras dotado de 4.000 millones de euros anuales, destinado a obra civil y vivienda. ¿Se lo ha trasladado a las administraciones?

Estas reclamaciones las trasladamos a todo el que nos quiere oír. Hicimos esa reclamación hace diez meses y era la suma de la inversión en infraestructuras y del sector privado. Este sector estaba retomando su actividad justo antes de la covid y se estaban promoviendo nuevas viviendas. La pandemia, y la incertidumbre que creó, hizo que los inversores se lo pensaran. Fueron más precavidos y dilataron los plazos.

Se reactivó la construcción de vivienda de renta libre. ¿Es el momento de que se aborde la ejecución de viviendas de protección oficial?

Llevamos casi diez años en los que no se ha construido prácticamente vivienda en Andalucía. Obviamente, la población evoluciona, crece y necesita lugares donde residir. Cambian los usos y costumbres y también las necesidades. Ahora todos queremos que nuestras viviendas sean eficientes energéticamente. No todo se debe basar en la rehabilitación, también se necesita vivienda nueva.

¿Apuesta el Gobierno central por la adjudicación a empresas andaluzas?

No. Sólo el 30 por ciento de las adjudicaciones se hicieron a empresas andaluzas, que son las que conocen el mercado y tienen los medios a pie de obra. Todas las administraciones deben ser cumplidoras de la ley a la hora de adjudicar, pero también es verdad que a menudo sólo se basan en criterios económicos. Hay que tener en cuenta el empleo, la estabilidad y los medios que se tienen sobre el terreno.

Hay proyectos que se dilatan demasiado en el tiempo, por ejemplo la SE-40 o el metro de Sevilla. ¿Cómo afectan estas demoras?

Afectan a las empresas y a la sociedad, que es la principal perjudicada por esta inestabilidad. Las consecuencias son graves. La SE-40 es fundamental para reducir el tráfico en Sevilla y combatir la contaminación.